El juez pide las cintas de Ábalos con la número dos de Maduro
El Congreso rechaza reprobar a Ábalos y niega una comisión de investigación
El juez ha pedido a Aena las cintas sobre el encuentro entre el ministro José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en Barajas. El PP llevó el caso a los tribunales.
Un juzgado de Madrid requirió ayer por la tarde a Aena para que guarde las imágenes del aeropuerto de Barajas grabadas a través del circuito de videovigilancia en la madrugada del 20 de enero pasado en las que quedó registrada la entrada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El juez ordena que se preserven las imágenes de su posible acceso a la sala VIP de la terminal de autoridades el aeropuerto, donde permaneció hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha.
Entre tanto, la moción de reprobación del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, presentada por el PP, así como la petición de una comisión de investigación, fracasaba en el Congreso, al negarse a apoyarla los grupos catalanes y vascos, así como los grupos del gobierno de coalición, e incluso la portavoz de Coalición Canarias, Ana Oramas, que propuso una enmienda para que el Gobierno simplemente compareciera ante la comisión de Secretos Oficiales para dar las explicaciones pertinentes.
El PP presentó por la mañana una petición a un juzgado de Madrid para que se preservaran estas imágenes, lo que propició la actuación del magistrado, que ordenó la conservación de estos documentos. En un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia, el juez considera que los hechos denunciados por el PP tiene tintes delictivos porque la número dos de Nicolás Maduro pudo contravenir la decisión de Consejo de la Unión Europea, dado que Rodríguez es una de las 25 dirigentes de la República de Venezuela que tiene prohibido viajar a territorio de la Unió Europea, “lo que incluye tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto de la Unión Europea, con obligación de cualquier Estado miembro a adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él”.
Según la resolución judicial, en los hechos denunciados por el PP “se desprenden indicios racionales de hecho delictivo”, por lo que procede acceder a lo solicitado.
Asimismo, el juez advierte que pasó la denuncia para informe a la Fiscalía, sin que ayer se hubiera pronunciado, por lo que el juez decidió actuar sin esperar su criterio. El PP sólo denunciaba unos hechos sin dirigir el escrito contra nadie, al contrario que Vox, que se querelló ante el Tribunal Supremo contra el ministro Ábalos por reunirse con Rodríguez durante su espera en el aeropuerto.
En el debate parlamentario, tanto la diputada del PP, que defendió la moción reprobatoria, Marta González, como el de Ciudadanos, Edmundo Bal, repitieron que Venezuela “sí importa, sí nos importa”. González considera que si el PP no actúa, “el Gobierno español abandona a los venezolanos”, mientras que el diputado naranja expresó su interés por el cumplimiento de compromisos internacionales: “Sí nos importa que el ministro mienta, sí nos importa que no quieran esclarecer los hechos con una comisión de investigación y que España sea desleal con la Unión Europea”.
Sin embargo, los grupos catalanes y vascos, criticando la actuación del Gobierno en el asunto –“desastrosa”, según Ferran Bel (Jxcat), “inhábil”, según Aitor Esteban (PNV)–, fueron mucho más duros con la pretensión de emplear el caso de Venezuela por una mera rentabilidad de política doméstica.
Tanto Marta Rosique (ERC) como Antón Gómez-reino (UP) incidieron en la doble vara de medir de la derecha española, recordándole al PP sus relaciones con regímenes totalitarios de todo el mundo o su apoyo a los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina (Rosique) o Michel Tremer y Jair Bolsonaro en Brasil (Gómez-reino). La diputada republicana protagonizó un breve momento de tensión al acusar al PP de “asesinar a 15 personas en el Tarajal”. Reconvenida por la presidenta Meritxell Batet, Rosique se avino a retirar el cargo de asesinato de las actas, pero el barullo sirvió para ver una escena de tensión entre Batet y la expresidenta del Congreso Ana Pastor, que se había levantado como un resorte para protestar a Batet. “¿Puedo ejercer la presidencia?”, respondió la presidenta, y Pastor regresó a su escaño.
Con todo, la noticia fue la posición de Oramas, muy sensible a la situación en Venezuela, “la octava isla canaria”. Admitió que la situación protagonizada por Ábalos fue “patética, ridícula y absurda”, pero se negó a reprobarlo y señaló que bastaba con que el Gobierno diera explicaciones a puerta cerrada.
El auto recuerda que Delcy Rodríguez no podía pisar suelo europeo y apunta a un “hecho delictivo”