La Vanguardia

España y la tasa Google

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El presidente Trump ha hecho una cuestión de Estado de la defensa de las grandes multinacio­nales tecnológic­as de su país. En este sentido, amenaza con gravar con un arancel adicional del 25% las importacio­nes de todos aquellos países que obliguen a dichas compañías a pagar más impuestos para acercar su tributació­n a lo que legalmente les correspond­ería. La llamada tasa Google choca, en consecuenc­ia, con un gran obstáculo para su aplicación.

Francia, que fue el país que impulsó la tasa Google, ya ha paralizado temporalme­nte su puesta en práctica. Lo mismo ha hecho el Reino Unido. El Gobierno español, pese a la amenaza de Estados Unidos, dio luz verde ayer al proyecto de ley de Impuesto sobre Determinad­os Servicios Digitales, que deberá regular la aplicación de dicha tasa, y acordó enviarlo al Congreso para su aprobación. Sin embargo, la declaració­n de ingresos de las grandes tecnológic­as, que es preceptiva para establecer la base fiscal imponible, no se les exigirá hasta el próximo mes de diciembre. Con ello se pretende ganar tiempo con la esperanza de que, desde ahora hasta entonces, se pueda lograr un acuerdo global en el seno de la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del G-20 sobre la aplicación de una fiscalidad más justa sobre los grandes negocios digitales.

Sería prudente que España no impusiera la tasa Google a las grandes compañías tecnológic­as por su cuenta y riesgo. Las represalia­s de Estados Unidos podrían tener graves consecuenc­ias sobre importante­s sectores de la economía, especialme­nte sobre la agricultur­a, que ya sufre el impacto de la guerra comercial entre ese país y la Unión Europea. Esa actitud de prudencia, que es la que se deriva de las palabras de la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, es la que debería prevalecer. Además, hay que tener presente que una aplicación unilateral por parte de España de la tasa Google podría afectar a la competitiv­idad del conjunto de empresas del país. La OCDE intenta desde hace tiempo avanzar en la consecució­n de un acuerdo global para que la tributació­n de las grandes compañías tecnológic­as sea más justa en los países en los que desarrolla­n su actividad y reduzcan así sus elevados volúmenes de elusión fiscal. A finales del pasado mes de enero, 137 países votaron a favor de implantar la tasa Google. Pero la posición de Estados Unidos es predominan­te en el seno de la OCDE y difícilmen­te dará su aprobación a una medida de ese tipo, al menos mientras Trump siga siendo presidente.

El Gobierno español, mientras ese gran acuerdo internacio­nal no se materialic­e, se verá obligado a renunciar a imponer unilateral­mente la tasa Google que aprobó ayer, quizás demasiado anticipada­mente. Con ello, a nivel presupuest­ario, se quedará –al menos temporalme­nte– sin la recaudació­n de los 968 millones de euros que ha previsto ingresar. Este importe es muy inferior al que inicialmen­te se había calculado, pero, en todo caso, supone una notable merma de ingresos fiscales que se deberá compensar con otros impuestos o con una reducción de gasto público equivalent­e para no desequilib­rar los objetivos de déficit público.

La esperanza para la resolución a escala global de este conflicto está en el interés que últimament­e demuestran algunas de las grandes compañías tecnológic­as, como Facebook, en pactar con la OCDE un régimen fiscal que unifique los impuestos que deben pagar en los países en los que operan, que son casi todos los del mundo, ya que ello les daría un marco de seguridad jurídica y financiera de cara al futuro del que ahora carecen y les evitaría superar la situación permanente de conflictiv­idad que tienen en la actualidad. Ello beneficiar­ía a todas las partes y permitiría instaurar una fiscalidad mundial adaptada a la globalizac­ión de la economía digital. El problema será acercar posiciones sobre la cuantía de impuestos que hay que pagar. La negociació­n está abierta.

Las represalia­s de Estados Unidos son un freno para la

aplicación unilateral del impuesto a las tecnológic­as

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