España y la tasa Google
El presidente Trump ha hecho una cuestión de Estado de la defensa de las grandes multinacionales tecnológicas de su país. En este sentido, amenaza con gravar con un arancel adicional del 25% las importaciones de todos aquellos países que obliguen a dichas compañías a pagar más impuestos para acercar su tributación a lo que legalmente les correspondería. La llamada tasa Google choca, en consecuencia, con un gran obstáculo para su aplicación.
Francia, que fue el país que impulsó la tasa Google, ya ha paralizado temporalmente su puesta en práctica. Lo mismo ha hecho el Reino Unido. El Gobierno español, pese a la amenaza de Estados Unidos, dio luz verde ayer al proyecto de ley de Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que deberá regular la aplicación de dicha tasa, y acordó enviarlo al Congreso para su aprobación. Sin embargo, la declaración de ingresos de las grandes tecnológicas, que es preceptiva para establecer la base fiscal imponible, no se les exigirá hasta el próximo mes de diciembre. Con ello se pretende ganar tiempo con la esperanza de que, desde ahora hasta entonces, se pueda lograr un acuerdo global en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del G-20 sobre la aplicación de una fiscalidad más justa sobre los grandes negocios digitales.
Sería prudente que España no impusiera la tasa Google a las grandes compañías tecnológicas por su cuenta y riesgo. Las represalias de Estados Unidos podrían tener graves consecuencias sobre importantes sectores de la economía, especialmente sobre la agricultura, que ya sufre el impacto de la guerra comercial entre ese país y la Unión Europea. Esa actitud de prudencia, que es la que se deriva de las palabras de la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, es la que debería prevalecer. Además, hay que tener presente que una aplicación unilateral por parte de España de la tasa Google podría afectar a la competitividad del conjunto de empresas del país. La OCDE intenta desde hace tiempo avanzar en la consecución de un acuerdo global para que la tributación de las grandes compañías tecnológicas sea más justa en los países en los que desarrollan su actividad y reduzcan así sus elevados volúmenes de elusión fiscal. A finales del pasado mes de enero, 137 países votaron a favor de implantar la tasa Google. Pero la posición de Estados Unidos es predominante en el seno de la OCDE y difícilmente dará su aprobación a una medida de ese tipo, al menos mientras Trump siga siendo presidente.
El Gobierno español, mientras ese gran acuerdo internacional no se materialice, se verá obligado a renunciar a imponer unilateralmente la tasa Google que aprobó ayer, quizás demasiado anticipadamente. Con ello, a nivel presupuestario, se quedará –al menos temporalmente– sin la recaudación de los 968 millones de euros que ha previsto ingresar. Este importe es muy inferior al que inicialmente se había calculado, pero, en todo caso, supone una notable merma de ingresos fiscales que se deberá compensar con otros impuestos o con una reducción de gasto público equivalente para no desequilibrar los objetivos de déficit público.
La esperanza para la resolución a escala global de este conflicto está en el interés que últimamente demuestran algunas de las grandes compañías tecnológicas, como Facebook, en pactar con la OCDE un régimen fiscal que unifique los impuestos que deben pagar en los países en los que operan, que son casi todos los del mundo, ya que ello les daría un marco de seguridad jurídica y financiera de cara al futuro del que ahora carecen y les evitaría superar la situación permanente de conflictividad que tienen en la actualidad. Ello beneficiaría a todas las partes y permitiría instaurar una fiscalidad mundial adaptada a la globalización de la economía digital. El problema será acercar posiciones sobre la cuantía de impuestos que hay que pagar. La negociación está abierta.
Las represalias de Estados Unidos son un freno para la
aplicación unilateral del impuesto a las tecnológicas