Montero rebaja los ingresos por la tasa Google a 968 millones
La ministra relativiza la presión de Trump y ve a España como “avanzadilla” del impuesto digital
El Gobierno remitió ayer al Congreso las dos leyes que establecen la creación de dos nuevas figuras impositivas sobre determinadas actividades digitales y la compraventa de acciones, y rebajó las expectativas en cuanto a su impacto en las arcas públicas. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, explicó que al año esperan recaudar con la tasa Tobin 850 millones de euros y, gracias a la denominada tasa Google, otros 968 millones, cuando la estimación inicial de ingresos para el fisco del nuevo gravamen digital era de 1.200 millones. Se trata de un 20% menos que lo comunicado desde hace más de un año a Bruselas. Montero justificó esta rebaja sobre la recaudación de la tasa Google –que grava el negocio de las grandes empresas tecnológicas en la publicidad online, los servicios de intermediación y la comercialización de datos cedidos por los usuarios– por la ralentización económica y la experiencia de otros países que ya han implantado un impuesto similar.
Montero defendió que, con estas dos iniciativas –a la que se sumará finalmente la nueva ley contra el fraude fiscal en las próximas semanas–, buscan la “modernización” del sistema impositivo. “Un país moderno no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado; si la sociedad evoluciona con nuevas oportunidades de negocio, es necesario que la fiscalidad se mueva en esa dirección y evitar competencia desleal con los negocios tradicionales”, aseveró.
Aunque la ministra de Hacienda evitó incluso hacer referencia al nuevo impuesto digital como tasa Google, señaló sin citarlos a grandes gigantes digitales como el citado buscador, Facebook o Amazon. En su opinión, “España se convierte en avanzadilla con la aprobación del impuesto digital, para avanzar en un sistema fiscal más justo” e impulsar el consenso internacional. En cuanto a las amenazas de la Administración Trump con un incremento de los aranceles para los países que decidan implantar una tasa Google, la portavoz del Gobierno aseguró que las relaciones con Estados Unidos son “fluidas” y que “conocen perfectamente la intención” del Ejecutivo español de aplicar el nuevo impuesto.
También insistió en que, en cuanto la OCDE o el G-20 alcancen un acuerdo sobre un gravamen digital, adaptarán la tasa a ese acuerdo. De momento, el nuevo impuesto gravará con un 3% los ingresos por los citados servicios digitales en aquellas corporaciones cuya facturación global supere los 750 millones de euros y los tres millones en España. Los criterios y límites del impuesto son “objetivos” y “en ningún caso son discriminatorios en función de la nacionalidad de las empresas”, opinó.
Desde Hacienda recordaron que “varios países del entorno europeo
comparten esta postura de España y ya han dado pasos para implantar un impuesto digital propio e incluso, en algunos casos como Francia o Italia, ya ha sido aprobado”.
En todo caso, ante la presión de EE.UU., España adopta la misma decisión que Francia y establece que, de forma “transitoria”, la primera liquidación de la tasa Google se hará este año a finales de diciembre, al margen de la periodicidad trimestral establecida.
Además, Montero rechazó que el impuesto digital acabe repercutiendo en el consumidor, tal y como ha denunciado la patronal tecnológica Ametic. Desde su punto de vista, no hay razones para que ocurra y lo atribuyó al deseo de “asustar de algunos”.
En un contexto de aumento del gasto público con medidas como la revalorización de las pensiones y la mejora salarial de los funcionarios, el peso de los nuevos impuestos en el ajuste fiscal que debe hacer a lo largo de este año se reduce aún más. El compromiso con Bruselas partía de medidas fiscales para aumentar los ingresos públicos en 5.600 millones, de los que 2.000 correspondías a estas tasas. Pero, al final, la menor estimación –de unos 1.700 millones– no es para este ejercicio sino para un año completo. Fuentes de Hacienda eludieron ayer ofrecer una cifra para este 2020, argumentando que el importe dependerá de la tramitación parlamentaria. Aunque se trate del primer proyecto de ley que llega al Congreso de los Diputados, las previsiones más optimistas apuntan a que no entrarán en vigor antes de otoño.
En cuanto a la tasa que grava con un 0,2% las operaciones de compra de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil de 1.000 millones de euros, las patronales bancarias advirtieron que afectará a la competitividad de las empresas y de los mercados financieros españoles.
Críticas de la banca a la tasa que gravará con un 0,2% la compra de acciones de grandes empresas