El porqué de la amnistía
El pasado día 5 de febrero Òmnium Cultural hizo público un manifiesto elaborado por la plataforma Som el 80% y firmado por más de 200 personas en el que se pedía la amnistía para todas las personas perseguidas judicialmente a raíz del llamado proceso soberanista catalán. Se justificaba esta demanda como una medida necesaria con el fin de salir del actual callejón sin salida político y empezar una nueva etapa que posibilitara abordar en mejores condiciones el diálogo entre Catalunya y España. Las reacciones provocadas por este manifiesto han sido variadas. Ha recibido un apoyo inmediato muy notable –en pocos días más de 50.000 adhesiones– y también el esperado rechazo de los políticos y de los medios claramente posicionados contra el proceso catalán. Igualmente se han divulgado discrepancias más argumentadas de comentaristas que consideran la amnistía una demanda errónea políticamente no solamente porque hoy no puede ser atendida, sino también porque podía ser un obstáculo en el camino del diálogo político entre los gobiernos español y catalán.
¿Realmente es cierto que además de imposible la demanda de amnistía se puede volver políticamente contraproducente? Antes de responder a la cuestión, tal vez habría que repasar algunos precedentes históricos. La amnistía ha sido un instrumento fundamental para conseguir una reconciliación política en los casos de un cambio de régimen. Este es el caso de la amnistía del 15 de abril de 1931, dictada por el gobierno provisional de la Segunda República como muestra fehaciente de que el régimen republicano quería empezar una nueva etapa borrando el pasado represivo de la monarquía. Y también lo fue la ley de amnistía del 15 de octubre de 1977, elaborada por el gobierno de Adolfo Suárez y aprobada por el Congreso de los Diputados. Esta ley, sin embargo, si bien concernía a los antifranquistas represaliados, también liberaba de responsabilidades políticas a los políticos, militares, policías y funcionarios de la dictadura.
Ahora bien, también ha habido amnistías dictadas con la voluntad de superar una grave crisis política en el interior de un régimen constitucional. Este fue el caso de la amnistía del 21 de febrero de 1936, decretada por la diputación permanente de las Cortes, a propuesta del nuevo presidente del Gobierno, Manuel Azaña, después de la victoria electoral del Frente Popular cinco días antes. Esta amnistía benefició a miles de personas encarceladas y destituidas de sus cargos, especialmente en Asturias y Catalunya, como consecuencia de los Fets d’octubre de 1934. La medida afectó no sólo al gobierno de la Generalitat condenado por el Tribunal de Garantías
Constitucionales –un tribunal político dominado por las derechas–, sino también a miles de personas encarceladas y todavía no juzgadas –sólo en el barco prisión Manuel Arnús, anclado en el puerto de Tarragona, había cerca de un millar de detenidos– y a centenares de alcaldes y concejales catalanes destituidos por motivos políticos. Con esta amnistía se pretendía superar las tensiones de los dos años anteriores –Fets d’octubre y la ola represiva del bienio negro– y volver a una situación políticamente similar a la de 1931, al espíritu fundacional de la República.
De estos ejemplos se puede deducir que la amnistía se ha aplicado cuando se consideraba que había personas condenadas, encarceladas o exiliadas como resultado de una situación políticamente excepcional, con detenciones arbitrarias y juicios realizados con pocas garantías y en un ambiente político que podía influir en la decisión de los jueces. Y ante eso, la solución no pasaba por pedir la revisión de los juicios, ni por conceder indultos, sino por la anulación de todos aquellos procedimientos judiciales para así propiciar la creación de un nuevo ambiente político.
Hoy son numerosos los organismos internacionales y los expertos jurídicos –de Amnistía Internacional a comités de la ONU– que cuestionan claramente las condiciones en que se celebró el reciente juicio al Govern y a los dirigentes de las asociaciones ciudadanas. Entre los juristas y los observadores internacionales es amplia la opinión de que las penas impuestas por el Tribunal Supremo son desproporcionadas e insólitas tratándose de unas actuaciones pacíficas. Predomina la convicción de que el ambiente en que tuvo lugar el juicio estaba demasiado cargado de tensiones políticas y que se producía dentro de una anómala situación de judicialización de la política. Hay que recordar que en estos momentos hay unas 2.500 personas condenadas, encausadas, sancionadas o detenidas como consecuencia del proceso catalán.
Por eso, si se considera que aquellas sentencias estuvieron condicionadas por un anómalo ambiente político y si se califica de políticos a los represaliados, es evidente que la única vía para reconducir la situación pasa por tomar soluciones políticas. Si el Gobierno Sánchez realmente quiere “poner el contador a cero”, como dijo, tiene que acabar con la excepcionalidad jurídica y procesal existente hoy. Y eso se conseguirá propiciando una amnistía que dejaría fuera de juego a todo tipo de entorpecedores. Hoy la amnistía es necesaria porque mientras haya represaliados políticos catalanes difícilmente se podrá establecer un diálogo y una negociación realmente libres. Hoy la amnistía es posible: sólo es una cuestión de voluntad y valentía política.
Ha habido amnistías a fin de superar una grave crisis política en el interior de un régimen constitucional