El decreto de la escuela concertada se prepara sin los 145 millones de inversión
Bargalló tramita con urgencia la regulación para aprobarla antes de las elecciones
El Departament d’educació está elaborando una regulación que cambia la relación con la escuela concertada: podrá cerrar grupos antes de ofrecerlos, retirar conciertos económicos si más de la mitad de los alumnos no son del barrio u obligar a matricular a niños en situación económica desfavorecida imposibilitados de pagar las cuotas. A cambio, reconoce la infrafinanciación de la escuela concertada en unos 145 millones de euros y promete aumentar la financiación en un futuro, especialmente a los centros con mayor función pública.
La conselleria de Josep Bargalló ha tramitado el decreto de admisión de alumnos –cuyo dictamen aprobó el Consejo Escolar el martes– y el decreto de conciertos –cuyo anteproyecto se sometió ayer a información pública– con la intención de aprobarlo antes de que se acabe esta legislatura. Pero lo ha hecho sin la garantía de un acompañamiento económico ni la inclusión en el presupuesto de la Generalitat para el 2020 de partidas específicas a este fin, lo que ha soliviantado a la escuela concertada que supone un 40% del sistema educativo catalán.
“Estos decretos clarifican y estabilizan el sistema”, responde a este diario Pilar Contreras, directora general de escuelas concertadas, “y apoya con recursos a los centros con mayor función social”. De los 145 millones de euros que debiera recibir la escuela concertada según la memoria del decreto de la concertada, y que una parte sufragan los padres con sus aportaciones, 72 millones corresponden a falta de profesorado (1.280 maestros de primaria y 537 profesores de secundaria), 65,5 millones a gastos de mantenimiento de la escuela (gastos corrientes) y 7 millones a la compensación a centros que atienden a alumnado que requiere más atención por sus condiciones físicas o su situación de vulnerabilidad económica. “Estas cifras no se pueden alcanzar de un día para otro”, admite la directora, “hay que hacer un calendario”. Representantes de la escuela concertada ven con desconfianza la nueva regulación, tramitada a modo de urgencia, sin consenso, sin acompañamiento económico, en un asunto que les obliga a partir del próximo curso pero que no les garantiza ningún recurso.
La Conselleria admite que el procedimiento no es el ordinario. “Llevamos muchos meses negociando y nos interesa avanzar”, reconoce sobre las prisas Contreras. Los decretos establecen una nueva programación de la oferta escolar por la que la administración se reserva el cierre de aulas antes de la preinscripción escolar. Esto ayuda a ajustar la oferta global, pública y concertada, a la demanda de plazas de las familias, pero impide que la concertada ofrezca antes de la matriculación, como hasta ahora, las plazas para las que tiene un concierto económico acordado en un periodo de tiempo. En caso de que hubiesen familias, no podrían abrir matrículas.
Esta programación se hace, además, con los ayuntamientos que determinan las zonas educativas. El mantenimiento del concierto depende también de la procedencia del alumno, el 60% debe pertenecer a la zona indicada por el municipio.
Asimismo, la Administración distribuye el alumnado desfavorecido entre todos los centros. El concertado asumirá la matrícula, las extraescolares y el transporte. A cambio recibirá ayuda para personal auxiliar.
La supresión de cuotas de las familias depende de la financiación futura que determinará el coste de la plaza, una cuestión que está evaluando una de las comisiones creadas a raíz del pacto del Síndic. Finalmente, el decreto elimina también el concierto a las escuelas que diferencian por sexo.
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