La reunión de Ábalos en Barajas se complica con seis causas judiciales
El Supremo ha recibido tres querellas, y la justicia ordinaria, otras tres denuncias
El encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la dirigente chavista Delcy Rodríguez ha superado ya la barrera del conflicto político y se halla en el difícil espacio de las causas judiciales. A día de hoy hay seis causas abiertas por aquella reunión de la madrugada del 20 de enero en el aeropuerto de Barajas, entre un ministro del Gobierno español y una de las 25 dirigentes del Gobierno de Venezuela sancionadas por la Unión Europea. Esta sanción le impide entrar en territorio comunitario, “lo que incluye tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto”.
Inicialmente, el propio Ábalos, el Gobierno y el PSOE intentaron restar importancia a aquel encuentro. Sin embargo, la reunión amenaza con convertirse en una pesadilla jurídica que arrancó ya hace días cuando el Partido Laócrata presentó una denuncia en los juzgados de plaza Castilla.
El líder de los laócratas –formación sin representación en ninguna institución– es un exdirigente socialista sevillano, Sergio Cebolla, que quiso enfrentarse sin éxito a Pedro Sánchez en las primarias socialistas y acabó abandonando el partido para montar su propia organización. Cebolla parece que ha puesto proa contra el ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.
A la acción de los laócratas se sumó la del Partido Popular y Ciudadanos, que denunciaron la reunión en Barajas ante la Fiscalía General del Estado. Esta remitió el asunto a la Fiscalía de Madrid, que decidió abrir unas diligencias de investigación. Sin embargo, según fuentes fiscales, estas estuvieron paralizadas, sin acordar ninguna diligencia concreta.
Los laócratas habían solicitado con carácter urgente que las fuerzas de seguridad del Estado custodiaran las grabaciones de las videovigilancias del aeropuerto para que no fueran destruidas, así como los planes y el registro del vuelo en el que llegó y salió Delcy Rodríguez.
Aquella querella fue entregada en plaza Castilla, pero ningún juez tomó medida urgente alguna. Esto no ocurrió hasta que el PP presentó otra denuncia en estos mismos juzgados, con mejor suerte. En este caso, la juez que se encontraba de guardia, como medida urgente, requirió a Aena que guarde las imágenes del aeropuerto de Barajas. En aquel auto, la juez destacó la existencia de indicios por un posible delito de prevaricación administrativa, dado que alguien –sin acusar a Ábalos– permitió que Rodríguez pisara territorio español en contra de la resolución de la UE. Estas dos denuncias han recaído en dos juzgados, el de instrucción número 31 y el 47, pero se acumularán en uno.
En paralelo, además, el Tribunal Supremo (TS) tiene encima de la mesa tres querellas, las presentadas de nuevo por el Partido Laócrata, el PP y Vox, esta vez sí, contra Ábalos. La Fiscalía tendrá que informar sobre la admisión a trámite de la querella. No obstante, una posibilidad es que el Alto Tribunal remita el asunto a los juzgados de Madrid que ya tienen abiertas diligencias para que determinen qué personas han podido ser las responsables del delito de prevaricación. En el caso de que de la instrucción se obtuvieran indicios de que Ábalos tuvo algún tipo de participación, el TS entraría en acción puesto que el ministro es aforado.
Pero a este cuadro judicial se añade otro frente. La empresa encargada de la seguridad privada en el aeropuerto, Ilunion, ha abierto un expediente a uno de sus trabajadores porque presumiblemente habría permitido la entrada de la sala vip a alguien que grabó el encuentro. Este vigilante de seguridad ya ha emprendido acciones legales contra varios entes. Este trabajador presenció los hechos y podría ser pieza clave en toda la investigación penal.
Los jueces que investigarán los hechos deberán averiguar qué funcionarios y autoridades permitieron que Delcy Rodríguez pisara suelo español y pudiera coger otro vuelo en dirección a Doha sin pasar ningún control. La investigación irá de abajo a arriba hasta dar con quien pudiera haber dado la orden vulnerando la orden europea. Cuando los jueces inicien la investigación, el primer paso que deberán dar será identificar a todos aquellos funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil que formaron parte del operativo para custodiar a Rodríguez desde la pista de aterrizaje hasta la sala vip del aeropuerto y desde ahí hasta su segundo avión. También deberán escuchar a aquellos trabajadores de seguridad privada y empleados o altos cargos de Aena que tuvieran conocimiento antes de fijar quién o quiénes dieron aquellas órdenes.
Un exmilitante del PSOE sevillano fue el primero que presentó una denuncia
MEDIDAS LABORALES Un empleado de seguridad implicado en los acontecimiento ha sido apartado