Andalucía se mueve a favor de la escuela concertada
Un decreto blinda este modelo, a diferencia de Catalunya
¿Defensa de la libertad o golpe de gracia a la educación pública? La Junta de Andalucía acaba de publicar un decreto de escolarización que, a diferencia de lo que aparentemente sucede en Catalunya, constituye un espaldarazo radical a la educación concertada en la comunidad.
El Gobierno del PP y Ciudadanos defiende el nuevo decreto de escolarización como una norma que permitirá “blindar la libertad” de los padres para elegir un centro concertado para sus hijos, si así lo desean. Hasta el momento, los padres únicamente podían aspirar a matricular a sus hijos en un colegio concertado que se encontrara dentro la demarcación escolar correspondiente a su domicilio. A partir de ahora se elimina la demarcación y se sustituye por el municipio. Si en su pueblo o ciudad hay un centro concertado, podrán optar a matricular a su hijo en él.
En Andalucía, el 82% de los municipios no tiene centros de educación concertada, pero el 18% que sí los tienen concentran al 75% de la población.
La segunda novedad es la adscripción a un centro público, a partir del curso 2021-22, de todos los colegios concertados que no tengan bachillerato. De esta manera, se evita que los alumnos abandonen el centro concertado antes de terminar allí el ciclo educativo para entrar en uno público en los últimos años de secundaria y asegurarse una plaza para bachillerato. En todo caso, la consejería que dirige Javier Imbroda asegura que no se está planteando el distrito educativo único, como existe en la Comunidad de Madrid, y que es una de las exigencias de Vox establecida en el acuerdo de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta.
Ante la tormenta política y social que ha provocado su decreto, Javier Imbroda intenta capear el temporal y asegura que se trata de un decreto de “ajustes mínimos” para “avanzar en el derecho de las familias a elegir libremente el proyecto escolar que quieren para sus hijos”.
La Consejería de Educación subraya que dispone del mayor presupuesto de la historia de la Junta de Andalucía y la mayor plantilla docente, con un aumento, en un año, de 456 millones de euros para la educación pública respecto al último de la anterior Administración socialista, además de ofertar más de 10.000 plazas públicas docentes. “Un hecho irrefutable frente a los mensajes apocalípticos y falaces”, asevera.
La oposición y los sindicatos han criticado el decreto por considerar que es un ataque directo a la educación pública en Andalucía. “La escuela concertada amplía sus ámbitos de referencia y con la adscripción de los centros concertados a los Institutos públicos se van a crear guetos”, señalan.
Por ello, la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, constituida por las organizaciones sindicales UGT, CC.OO., CGT y Ustea, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres (Codapa) y el Frente de Estudiantes, ha convocado una huelga educativa para el próximo 4 de marzo para “mostrar el más completo desacuerdo con esta nueva normativa, ya que se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza”.
Los que se oponen al decreto de la Junta insisten en su argumento de favorecer aún más las políticas de libertad de elección de centro traerá como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como, en su opinión, ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid. Temen que ello provoque el cierre de más aulas en la pública, “algo que se está produciendo de manera especialmente grave en los últimos años”. Además, niegan que la reforma se haya consensuada con la comunidad educativa.
EL ARGUMENTO
La nueva norma del Gobierno del PP y Cs defiende el derecho de los padres a elegir
EL RECHAZO
Críticas de sindicatos y oposición porque “es un ataque directo a la pública”