La letra pequeña de una suspensión
Cuatro meses de suspensión de planes y licencias en el 22@. Este es el compromiso al que llegaron comunes y socialistas para tirar adelante con una polémica cuestión que en inicio suponía cruzar una línea roja para el PSC.
Los socios de gobierno de Ada Colau se plantaron al enterarse de la intención de Bcomú de congelar la actividad del distrito tecnológico, en plena expansión. Sin embargo, de la negativa inicial se pasó a un camino intermedio para evitar el incendio: se decidió reducir el tiempo y la superficie de la suspensión. Los comunes procuraban dar respuesta así a las expectativas vecinales, mientras que los socialistas calmaban los ánimos de los agentes económicos días después de la cancelación del Mobile. Pudo más el peso del pacto de gobierno y la conveniencia de impedir una crisis pocos meses después de formalizarlo. Y no es que el PSC no estuviera advertido de antemano de la intención del equipo de Ada Colau de reinventar el 22@. Hace dos años se presentó un documento de intenciones –es el que se quiere llevar a la práctica– para transformar urbanísticamente el distrito tecnológico y dotarlo de más usos residenciales como respuesta al déficit de vivienda asequible que padece la ciudad. Ante una decisión que parecía unilateral el teniente de alcalde Jaume Collboni maniobró para intentar diluir el impacto de la suspensión tras ver cómo su móvil se colapsaba ante el aluvión de llamadas de empresarios alarmados por la inseguridad jurídica que se cernía sobre una de las zonas estratégicas de Barcelona.
Al final, y pese a permitir que se desarrollen los planeamientos que se estaban tramitando y las licencias ya solicitadas, la decisión adoptada no parece tan inocua como aparentaba en un principio. Bcomú, PSC y ERC –llamada en el último minuto para participar de un acuerdo que necesitaba del apoyo de la mayoría en la comisión de Urbanismo– repitieron como si se tratase de un mantra que la suspensión está acotada en el tiempo y se circunscribe tan sólo al 21,55% del ámbito del 22@. Pero la iniciativa contiene una letra pequeña cuyas repercusiones sólo se conocerán cuando se sepa a ciencia cierta qué es lo que quiere hacer el Ayuntamiento en el distrito tecnológico, más allá de esgrimir la ambición de incrementar el porcentaje residencial y cómo lo llevará a la práctica.
Una vez se apruebe de manera
En el 2018 se habían construido 1.800 de los 3.691 pisos planificados; dos años más tarde la cifra sigue congelada
inicial la modificación de Plan General Metropolitana (MPGM) –en la comisión de Ecología y Urbanismo del 16 de junio– comenzará una nueva suspensión, en este caso obligatoria, que esta vez sí afectará a todo el distrito tecnológico. ¿Qué duración tendrá? Depende. La vigencia de la moratoria quedará supeditada a los meses en los que se tarde en llegar a un acuerdo y aprobarse de manera definitiva el nuevo plan para el 22@. En cualquier caso, alargará los cuatro meses previstos enunprincipio. Enestetiempopodrán continuar los planeamientos en desarrollo o ejecución, pero no se aceptará ni una modificación de lo ya aprobado. Cualquier intento de cambio comportará tener que adaptarse a los nuevos parámetros –desconocidos en la práctica y en la forma– que fijará el Ayuntamiento, pero que a grandes rasgos pasará del 10% al 30% de la reserva de techo residencial. Curioso porque muchos de los edificios que se han construido en los últimos dos años en la zona están replanificados. Es decir, en el 22@ muchos de los inmuebles de oficina se construyen por encargo de terceros, lo que se denomina llaves en mano. Se trata de proyectos que diseñan la volumetría en función de las necesidades de las empresas que vayan a ocupar dicho espacio. A partir de ahora esta flexibilidad, una de las señas de identidad de la zona, pasará a formar parte del pasado.
La emergencia habitacional es indiscutible y Barcelona necesita vivienda asequible, no sólo para aquellos ciudadanos que no disponen de recursos económicos, sino también para los que trabajan y sufren la presión de los precios. Pero también es cierto que la capital catalana ya dispone de zonas y barrios específicos para el crecimiento residencial y el 22@ ofrece otro tipo de actividad económica que permite a Barcelona despuntar más allá del monocultivo turístico.
El Ayuntamiento también debería ser muy consciente que en estos 20 años no ha hecho su trabajo en el distrito y esto no es sólo imputable al actual equipo de gobierno. No se ha construido la vivienda protegida prevista. Según el documento de criterios del 2018, de los 3.691 pisos públicos planificados, se han edificado 1.800, 928 están en proyecto o construcción y 583 corresponderían al ámbito de la suspensión. Dos años más tarde, y a tenor de los datos ofrecidos el martes, no se ha levantado ni un piso nuevo.