Las patronales rebaten la ley de Cámaras de Canadell
Foment y Pimec exponen a Chacón sus tesis jurídicas
Las patronales han pasado al contraataque para frenar el proyecto de ley de cámaras que ha propuesto el Consell General de Cambres, que preside Joan Canadell. Ayer, los presidentes de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y de Pimec, Josep González, entregaron a la consellera Àngels Chacón un dictamen que concluye que la propuesta del consejo es “inviable jurídicamente”, porque pretende atribuir a las cámaras “la representación universal” ante las administraciones públicas y del mundo empresarial. “Son atribuciones que exceden de largo las finalidades que tanto la Constitución como la legislación básica de Cámaras atribuyen a estas instituciones”, según un comunicado conjunto de las dos patronales catalanas, que dijeron lamentar “este conflicto institucional”.
Fuentes patronales señalaron que la consellera se mostró receptiva con sus argumentos, por lo que esperan que sean atendidos en el redactado final de la ley, mientras que desde el Departament d’empresa señalaron que Chacón les “agradeció” su aportación a un proyecto que todavía se encuentra en fase de consulta pública y que es posible que no llegue a tiempo para ser aprobado en esta legislatura.
La propuesta del consejo daría derecho a las cámaras a participar en un amplio abanico de instituciones, desde el Consejo Económico
y Social hasta el Consell d’universitats. El documento entregado a Chacón, elaborado por el abogado Manuel J. Silva, del despacho Roca Junyent, considera “significativo que la propuesta (la del Consell de Cambres) no mencione en ningún momento a las organizaciones o asociaciones empresariales, mientras que la ley básica española las menciona “doce veces” y la legislación catalana actual lo hace “en dos ocasiones”. “La atribución de una representatividad de este alcance se haría en detrimento del papel que el ordenamiento jurídico otorga a las organizaciones empresariales, que estan reconocidas por la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y por la propia ley básica de Cámaras”, añade.
Otro de los puntos de conflicto es la financiación, pues en el proyecto del consejo se plantea que lleguen recursos de los presupuestos de la Generalitat. “Esto tampoco se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico”, considera el autor del informe.
La “representatividad universal” que reclama el Consell de Cambres, principal punto del conflicto