El móvil, el comisario, el poder y sus escribas
La trama Villarejo apunta a una operación de Estado contra Podemos y arroja sombras incriminatorias sobre el periodismo
El avance de la instrucción del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-castellón por el robo, en noviembre del 2015, del móvil de Dina Bousselham, hoy diputada en la Asamblea de Madrid y entonces asistente de Pablo Iglesias, así como el hallazgo de documentos internos de Podemos en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo iluminan una región oscura de la política española. Pero el sumario es aún hoy un libro con páginas en blanco que con sus silencios dibuja el contorno infame de lo no dicho y señala con insidioso dedo al Ministerio del Interior y a este oficio menesteroso del periodismo como promotor y cómplice imprescindibles del juego sucio.
Pese a los misterios que persisten, las pesquisas revelan sin mucho margen de duda la silueta de una operación de la llamada brigada patriótica residenciada en el Ministerio del Interior –no se sabe desde cuándo ni hasta cuándo, pero sí que estaba en activo mientras fue ministro Jorge Fernández Díaz– para destruir al nuevo partido e impedir por todos los medios –los medios– un pacto con los socialistas para gobernar. Una trama en la que Villarejo se diría Bennie (Warren Oates), oportunista de aquel sanguinario filme de Sam Peckinpah titulado Quiero la cabeza de Alfredo García (1974), pero sigue sin despejarse el nombre del contratista, el trasunto de El Jefe (Emilio el Indio Fernández). Villarejo señala a Eugenio Pino y su jefe, el entonces director del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó, pero la credibilidad judicial del excomisario anda magullada. Acaso el empleador sea el Estado profundo, ese Fuenteovejuna burocrático sobre el que teorizó el filósofo italiano Antonio Gramsci, lectura predilecta en Podemos y de cuyas tesis sobre la inercia del Leviatán hobbesiano, el caso Villarejo se antoja ratificación cruda.
Las indagaciones, según lo recogido en el sumario –adelantado esta semana por Eldiario.es y al que ha tenido acceso La Vanguardia– esbozan (pese a unas cuantas contradicciones) lo que ocurrió con la tarjeta del móvil –que contenía material confidencial que fue usado después contra Iglesias por la web Okdiario, que dirige Eduardo Inda– en la redacción de la desaparecida revista Interviú. No sabemos cómo, pero sí que llegó a las manos de los periodistas Alberto Pozas (director de la revista), Luis Rendueles y Miguel Ángel Liso, que consultaron al presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y que este la entregó a Iglesias, principal concernido. La revista nunca publicó el material. Pozas sostiene que una copia quedó en su ordenador, por lo que sea, y que se la dio a Villarejo, nuestro orondo Jason Bourne cañí, hoy en prisión enfrascado en la escritura de febriles profecías de apocalipsis, la última de las cuales se resume en que si el vicepresidente segundo del Gobierno se sienta en la comisión del CNI se agostarán los campos, se agriará la leche y se echarán los primogénitos a perder.
Villarejo dijo al juez que entregó el material a Eugenio Pino, número dos de la policía y constan las notas de reuniones de Villarejo con periodistas para hablar de su investigación a Podemos. Y ya está. De lo que ocurrió antes y después de su paso por Interviú y hasta que su contenido apareció en la web de Inda, nada. El paso de la tarjeta por Zeta es la única zona iluminada de este sainete de espionaje y periodismo garbanceros.
Aunque Iglesias recibió de Asensio la tarjeta en perfecto estado y la entregó a la policía como prueba del caso –en el que Bousselham es la demandante, e Iglesias, parte perjudicada– para que estudiara los metadatos que indican dónde y cuándo fue copiada, resulta que cuando la policía se puso a ello, la tarjeta, por lo que sea, estaba dañada y era imposible de leer.
El juez y la Fiscalía, a pesar de la insistencia de los demandantes y a la diligencia con que citaron al personal de Interviú –de hecho, a Pozas le costó el puesto en el departamento de comunicación de la Moncloa–, consideran prematuro interrogar a Inda, que fue el que publicó la información sustraída procedente, se supone, de esa copia que Pozas puso en manos de Villarejo. El rastreo GPS del móvil, que indicaría dónde estuvo desde que fue sustraído a Bousselham hasta que llegó a Interviú, tampoco es posible, porque las compañías borran ese registro de datos transcurriendo un año.
Así que no es muy probable que el alcance penal de la causa llegue mucho más lejos. Corresponde, pues, a la perspicacia de los lectores pedir vocal o resolver panel.
El sumario del robo del móvil de Bousselham aclara su paso por ‘Interviú’ pero poco o nada de antes y después