El Govern ve incuestionable su política penitenciaria
Justícia señala que las salidas de los presos cumplen con la ley
Primero fue Jordi Cuixart. Después Carme Forcadell y Dolors Bassa, a quien siguieron Joaquim Forn y Jordi Sànchez, hasta que esta semana se han sumado Raül Romeva y, ayer, Oriol Junqueras. Siete de los nueve líderes independentistas presos ya se han acogido al artículo 100.2 del reglamento penitenciario para salir durante el día de la cárcel e ir a trabajar, hacer tareas de voluntariado o cuidar a un familiar. Un hecho ante el que ayer se felicitó la consellera de Justícia, Ester Capella, tras la reunión del Consell Executiu: “Hemos hecho las cosas bien, con paso firme y seguro”.
De este modo, la titular de Justícia defendió las decisiones tomadas por los funcionarios de prisiones ante críticas que llueven desde frentes opuestos. “No se hace otra cosa que cumplir la ley y el reglamento penitenciario”, expuso, primero, ante los argumentos de la Fiscalía, que ve excepcional que ya hayan salidas de prisión con condenas tan altas –van de 9 a 13 años–.
“Están en la cárcel porque así lo mandó el Supremo, no es culpa de ningún funcionario del Govern”, agregó, por otro lado, la consellera frente a las quejas de sectores del independentismo que exigen más beneficios penitenciarios y apelan al tercer grado, el de semilibertad.
Por todo ello, Capella ve “inaceptable” que se señale a los trabajadores públicos de los centros penitenciarios y aseguró que la conselleria no permitirá que se cuestione su trabajo. “Ninguna convicción personal de ningún funcionario ni conseller podrá cambiar una sentencia durísima”, advirtió, en este sentido.
En cualquier caso, la consellera –que situó en poco más de 400 los presos catalanes que hoy se acogen al 100.2– dejó claro que la última palabra la tienen los jueces.
Capella aseguró, además, que desconoce los planes del Gobierno para reformar el Código Penal, pero sugirió que se “eliminen figuras de épocas pretéritas ajenas a la cultura democrática”, en referencia al delito de sedición por el que se condenó a los presos del procés.
De hecho, la situación de los líderes independentistas encarcelados ya se puso encima de la mesa de diálogo en el primer encuentro hace una semana en la Moncloa. Desde el Govern siguen reclamando una ley de amnistía, aunque difícilmente se podrían desentender de una reforma de la sedición.
Antes de que acabe marzo los dos gobiernos se volverán a citar, esta vez en Barcelona, y desde el Ejecutivo catalán sostienen que lo harán reforzados por el acto que el sábado congregó a más de 100.000 personas en Perpiñán. “La movilización no es incompatible con la negociación, al revés, fortalece la posición de la parte catalana”, arguyó ayer su portavoz, Meritxell Budó.
Y es que, más allá de los recelos que expresó el líder de su partido, Carles Puigdemont, y de los silbidos en la mencionada cita de la Catalunya del Nord, Budó asegura que los miembros del Govern están “comprometidos” con la negociación con la Moncloa.
El Ejecutivo catalán dice que la movilización de Perpiñán refuerza su posición en la mesa de diálogo con la Moncloa