El Gobierno de coalición encadena choques internos sin tregua
A los roces por el 8-M se suma una comisión sobre el rey emérito
A las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos por la ley de Libertad Sexual se suman nuevos roces. Una instrucción del Ministerio de Trabajo sobre el coronavirus provocó malestar en Sanidad. Y UP plantea una comisión de investigación sobre las finanzas del rey Juan Carlos que el PSOE rechaza.
Aún en proceso de rodaje, ya que el Gobierno no tiene ni dos meses de vida, los engranajes de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos producen continuos chirridos. Los múltiples mecanismos de coordinación periódicos o permanentes constituidos –desde los maitines de Pedro Sánchez en la Moncloa a la jornada de convivencia en Quintos de Mora, además de las comisiones gubernamentales y parlamentarias– se están revelando, pese a todo, insuficientes para evitar ruidos y cacofonías en la alianza. El Gobierno de coalición encadena fricciones y desavenencias, contradicciones y descoordinaciones, en una semana que acumuló disensiones entre los coaligados. Algunas de hondo calado como el difícil y apresurado parto del anteproyecto de ley de Libertad Sexual, que amenaza con arruinar la gran jornada feminista con la que el Gobierno quería dar este domingo ejemplo al mundo.
En la Moncloa se dispararon las alarmas y el propio Sánchez convocó de urgencia esta semana algunas reuniones con los protagonistas claves de los desencuentros para tratar de reconducir la situación, pero los rotundos guantazos han dejado cardenales y alguna rencilla irresuelta. La situación obligó anoche a convocar con premura a la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno, para el próximo jueves. Hay mucho que limar.
Los choques en la coalición han enfrentado hasta ahora, singularmente, a los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, cuyas espadas siguen en alto. También a los ministros Irene Montero y Juan Carlos Campo, pero igualmente han afectado a la “agenda rural” que lidera Luis Planas, a la política de inmigración de Fernando Grandemarlaska, o a la nueva legislación educativa que impulsa Isabel Celaá.
Y la gestión de la crisis del coronavirus, en manos del ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa, con la eficaz asistencia del doctor Fernando Simón, también se vio afectada, siquiera tangencialmente y sin mayores consecuencias, por la guía de actuación en el ámbito laboral que emitió el miércoles el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.
Mientras aún no se había apagado del todo el incendio provocado por la ley de Libertad Sexual, Sánchez visitó ese mismo miércoles, con Illa y Simón, a los profesionales del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, a los que agradeció “el mensaje de calma y sosiego que trasladan con su labor”. Pero la guía difundida por Trabajo provocó notable “alarma y confusión”, según coincidieron en criticar la patronal y los sindicatos. La recomendación de Trabajo de “paralizar la actividad laboral” en los centros donde haya “un riesgo grave e inminente” de contagio –un resumen de lo que recoge la legislación en vigor que fue emitido, sostiene este ministerio, en respuesta a las consultas de las empresas y previo aviso a la Moncloa–, chocó con las cautelas y prudencia de Sanidad, que no emite similares alertas, por ejemplo, para los centros escolares.
El “malentendido” generado obligó ayer de buena mañana a que la Moncloa emitiera un comunicado contundente, si bien previamente pactado con Trabajo, en el que especificó que “todo el Gobierno sigue las indicaciones concretas del Ministerio de Sanidad”. Punto y final. Fuentes de la Moncloa admitieron el nuevo chirrido, aunque precisaron que en esta ocasión no hubo de fondo ninguna fricción entre Sanidad y Trabajo, ni un nuevo pulso entre el PSOE y Unidas Podemos. “El documento de Trabajo es bienintencionado”, resaltaron. También en el equipo de la ministra Yolanda Díaz negaron choque alguno y aseguraron que mantienen una “coordinación absoluta” con Sanidad, si bien asumieron la polémica generada con los agentes sociales. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, lo achacó a un “exceso de celo” de Trabajo. Pero el problema es que esta semana ya llueve sobre mojado.
Y aún no se había reconducido esta nueva polémica cuando el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ante la iniciativa de ERC, Compromís y Más País de proponer una comisión de investigación sobre las finanzas del rey emérito, Juan Carlos I, anunciaba que el grupo confederal “trabajará para que la comisión se lleve a cabo”. El PSOE se ha opuesto en reiteradas ocasiones a tal posibilidad –y ayer lo explicó de nuevo la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra–, apoyándose en los informes de los letrados del Congreso, que sostienen que la inviolabilidad del monarca impide que se cree una comisión con tal cometido. El PSOE y Podemos volvían a emitir notas distintas en una semana en la que apenas han interpretado una sola frase armónica de su partitura.
Es cierto que tanto fuentes socialistas como de los morados confirman que –al igual que ocurrió la víspera con el rechazo de Podemos a la posición de la Abogacía del Estado en el caso de José Couso– esta discrepancia parlamentaria sobre la comisión de investigación se ha desarrollado de acuerdo a la coreografía establecida en el pacto de coordinación: Echenique informó previamente a Lastra de que en este asunto disentirían, de modo que la posición disímil no ha producido daños internos. En el PSOE desvincularon este desacuerdo de las fricciones en el Gobierno: “Es más normal, porque somos dos partidos distintos”. Sin embargo, abunda en el encadenamiento de disonancias de una semana que ha roto la imagen de armonía que en enero y febrero el Gobierno de coalición se había esmerado en componer.
INTERVENCIÓN PRESIDENCIAL
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