El Supremo estudiará si investiga por fraude y prevaricación a Puigdemont
El entonces alcalde autorizó la compra de arte con dinero destinado a otros fines
El Tribunal Supremo (TS) estudiará si acepta iniciar una investigación respecto del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por utilizar parte del dinero destinado al agua de Girona para comprar una colección de arte, valorada en 4,7 millones de euros.
La investigación lleva abierta cerca de tres años en el juzgado de instrucción número 2 de Girona. Una vez finalizadas todas las pesquisas, se ha remitido la causa al Alto Tribunal al considerar que existen indicios de delito contra Puigdemont por ser quien firmó –cuando era alcalde de la ciudad entre el 2011 y el 2016– el acuerdo para proceder a la adquisición de la colección Santos Torroella.
Fue en noviembre del pasado año cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la instructora que remitiera la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al encontrarse en ese momento aforado ante aquel órgano judicial por su condición de diputado del Parlament. Sin embargo, el tribunal catalán no adoptó ninguna decisión en estos meses. Una vez que el líder de Jxcat consiguió el escaño como europarlamentario, el TSJC perdía la competencia y la juez envió la exposición razonada al Tribunal Supremo, que ahora deberá decidir si existen indicios de delito para iniciar un proceso judicial contra él.
Sobre Puigdemont ya pesa una causa por un delito de sedición, en concurso con otro de malversación de caudales públicos, por la causa del procés. El Tribunal Supremo ha solicitado al Parlamento Europeo que levante la inmunidad y conceda el suplicatorio para que sea entregado y pueda ser juzgado en España. Sin embargo, según explican fuentes jurídicas, en el caso de iniciar esta nueva investigación tendría que solicitar de nuevo esta medida a la Cámara europea antes de iniciar los trámites.
Tanto la juez como la Fiscalía sostienen que desde el Ayuntamiento de Girona, y concretamente con el “conocimiento y aprobación de Carles Puigdemont”, se autorizó una operación para pagar la colección de arte con el dinero destinado al canon fijado para el servicio público del agua en marzo del 2013.
El 6 de febrero del 2014, Puigdemont, como alcalde de Girona, suscribió los denominados “acuerdos del contrato de compraventa de pinturas, grabados, esculturas, cerámicas y otros objetos de arte en favor del Ayuntamiento de Girona”. “En ese acuerdo, firmado por Puigdemont se expone ya cuál iba a ser el artificio ideado para ocultar que el primer pago de la Colección Santos Torroella iba a ser a cargo del canon extraordinario”, explica la juez en su exposición razonada.
Según un informe de la Agencia Tributaria que consta en la causa, el destino de ese dinero a una colección de arte fue en detrimento de los ciudadanos de Girona, que vieron afectado el servicio del agua. De hecho, recoge que en
La juez de Girona sostiene que se ideó un “artificio” para pagar 4,7 millones que debían ir al ciclo del agua
aquella época era “especialmente preocupante” la llamada red en baja, asociada a fugas y rendimientos bajos, además de la velocidad del agua con caudales descontrolados. “Dicha naturaleza del material de las tuberías, junto con la reducción de la velocidad del agua, supone una rebaja notable en la calidad del agua, con el consiguiente riesgo el consumidor”, advertía entonces.