El Gobierno y las pensiones
Había expectación por la intervención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su primera comparecencia en la comisión parlamentaria del pacto de Toledo. Habría sido interesante su visión global de cómo piensa afrontar el Gobierno la reforma que se necesita para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones. Pero se limitó a plantear medidas parciales para reducir el déficit de la Seguridad Social, que pueden ser muy eficaces pero que no bastan para solucionar el problema de fondo.
El ministro, que hasta ahora había sido presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, reafirmó el compromiso del Gobierno de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y la tasa de sustitución (porcentaje de pensión sobre el sueldo) en niveles similares al actual sobre la base del marco legislativo anterior a la reforma del 2013 realizada por el Partido Popular. Son numerosos los expertos, sin embargo, que afirman que ello es insostenible por el elevado coste que puede tener para las arcas públicas. Escrivá no entró a fondo en la cuestión. Dejó el reto en manos de la citada comisión parlamentaria, en la confianza de que en la segunda mitad de este año los partidos políticos que forman parte de ella puedan llegar a un consenso sobre un marco legislativo estable que garantice la revalorización de las pensiones y devuelva la confianza de la sociedad en la sostenibilidad del sistema. Pero hace muchos años que eso se intenta sin éxito. Cabe esperar que Escrivá no haya querido renunciar a la responsabilidad que como ministro le corresponde, ya que se habían puesto muchas esperanzas en su nombramiento como la persona ideal para contribuir a resolver el problema.
La principal medida que apuntó el ministro para resolver el problema financiero de las pensiones es el retraso de la edad de jubilación. Ciertamente, es la medida menos traumática y que más útil podría resultar, pese al rechazo social que provoca. De entrada, en este sentido, la intención del ministro es adoptar medidas para reducir las jubilaciones anticipadas, que han aumentado un 66% desde el 2014, y así lograr aproximar la edad real de jubilación, que está en 64 años y cuatro meses, a la legal, que es de 65 años y diez meses. La edad legal de jubilación, según la norma actual, aumenta progresivamente cada año y llegará hasta los 67 años en el 2027, igual que en Alemania. La intención del ministro, además, es aumentar los incentivos económicos para fomentar el retraso voluntario de las jubilaciones. Ambas líneas de actuación son razonables en un país como España, que tiene junto a Japón la mayor esperanza de vida del mundo y donde se ha retrasado mucho también la entrada de los jóvenes en el mercado laboral.
También es muy adecuado el proyecto del ministro de fomentar los planes de pensiones colectivos en las empresas, con aportaciones de las propias empresas y trabajadores. Estos planes, que están muy poco extendidos, tienen menor coste y ofrecen mayor rentabilidad que los planes privados individuales. Funcionan ya con mucho éxito en el País Vasco y la intención de Escrivá es extender ese modelo a todo el Estado como complemento de las pensiones públicas. Estos planes, sin embargo, cuestan de implementar porque la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas. Lo cual exigirá un esfuerzo legislativo adicional. Lo que es discutible es que el fomento de estos planes se quiera hacer a costa de penalizar los individuales, con una reducción de sus beneficios fiscales. No se puede negar que la mayoría de los planes privados que ofrecen las entidades financieras tienen muy poca rentabilidad y son muy caros. En todo caso, lo que habría que hacer es revisar su operativa para mejorarla, porque lo que se necesita en España es fomentar al máximo el ahorro a largo plazo.
Son muchas las alternativas que hay sobre la mesa. En cualquier caso, es importante que Escrivá mantenga vivo el debate serio y riguroso sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones para encontrar las mejores soluciones a este grave problema.
Fomentar el retraso de la edad de jubilación se perfila como una de las medidas estrella de la reforma