Podredumbre

Se sabía desde hacía tiempo, sobre todo a raíz de la notoriedad que ha conseguido gracias a la despiadada persecución económica que está perpetrando contra los líderes independentistas, con el objetivo indisimulado de asustarlos, debilitarlos y represaliarlos. Con sólo mirarlo a vista de pájaro, era evidente la extrema politización del organismo que, teóricamente, debe fiscalizar las cuentas públicas. Se sabía, pues, que era un organismo político, sobrecargado de nombres propios con mucho peso partidista, y todo ello salpicado por el escándalo del abultado número de familiares que habían logrado el preciado empleo. Más de cien parientes colocados, entre 700 trabajadores. Será por ello que ocurren cosas como la denunciada por el subdirector jefe del servicio central de informática de la Administración del Estado: sólo cinco de los 60 informáticos del tribunal son especialistas, y la mayoría sólo tienen el graduado escolar, a pesar de que muchos superan los 3.000 euros de sueldo.

Pero si ello es grave, lo son más otros aspectos que han consolidado el sobrenombre con el que lo bautiza el reportaje de la Plataforma Octuvre colgado en Youtube: “Investigació: Tribunal de Clavegueres”. En él se constata el historial de los cargos que han dirigido el organismo, cuyas vinculaciones con el franquismo son escalofriantes: hasta 1982 el presidente fue Servando Fernández, falangista y voluntario de la División Azul, que luchó al lado de Hitler en Rusia. De 1991 al 2012, fue consejero otro falangista de pro, Juan Velarde, y hasta el 2007, el presidente fue Ubaldo Nieto de Alba, que, además de haber sido senador de UCD, salía como prócer en los papeles de Bárcenas. Los sueldos de los consejeros superan los 120.000 euros más prebendas. Entre ellos están Manuel Aznar, hermano del don; María José Molinuevo, mujer de Trillo; Margarita Mariscal de Gante, hija de don Jaime, miembro del TOP, y hermana del comisario amigo de Billy el Niño. Y la cosa se redondea porque también trabajan allí dos hijas de Licinio de la Fuente, uno de los firmantes de la pena de muerte a Puig Antich. Estos mismos fueron los que perdonaron los 51 millones de la quiebra de Ercros, con Piqué y De la Rosa implicados. El fiscal del tribunal que perdonó la deuda era Antonio de la Rosa, primo de Javier y hermano de Francisco Javier, casado con la hermana de Rato. El otro caso, el escándalo de los 1.860 pisos públicos vendidos al fondo buitre por la alcaldesa Ana Botella. Fue absuelta por Mariscal de Gante. Son estos los que ahora exigen 4,14 millones a los organizadores del 1-O.

Innecesario añadir nada más.

Un reportaje bautiza al Tribunal de Cuentas como el ‘Tribunal de Cloacas’