Escrivá prevé endurecer la jubilación anticipada voluntaria
El Gobierno reducirá la desgravación de los planes de pensiones
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ofreció ayer su recetario para combatir el déficit estructural que arrastra el sistema público de pensiones y amortiguar a medio plazo el incremento del gasto por la jubilación de la generación del baby boom. Entre las medidas concretas a adoptar, Escrivá apostó por endurecer la jubilación anticipada voluntaria y reducir los beneficios fiscales de los planes de pensiones individuales para destinarlos a apoyar los poco conocidos planes de empresa.
El ministro urgió a los partidos del arco parlamentario a llegar a un acuerdo para que el Gobierno pueda tramitar en el segundo semestre del año el paquete de cambios normativos sobre el sistema de pensiones, incluida la revalorización con el IPC. De cumplirse este calendario, la nueva ley de pensiones podría estar en vigor a principios del 2021. En su primera comparecencia ante la comisión del pacto de Toledo, Escrivá avanzó que entre sus planes está penalizar en mayor medida las jubilaciones anticipadas de carácter voluntario –quedan fuera las forzosas, vinculadas al despido del trabajador–, así como mejorar los incentivos para jubilarse más allá de la edad legal establecida. Con el horizonte en los 67 años, este 2020 la jubilación ordinaria se sitúa en los 65 años y 10 meses para los trabajadores que han cotizado menos de 37 años.
El ministro explicó que el volumen de jubilaciones anticipadas voluntarias no deja de aumentar en los últimos años: en el 2019 significaron el 16%. En cinco años, han crecido un 66%. Vinculó este incremento, al menos en parte, a la incertidumbre generada en torno al sistema público de pensiones. Además, aseguró que la penalización para la jubilación antes de la edad legal es “muy regresiva”, ya que en la práctica “está por debajo del 8%” que fija la normativa. Sobre todo, beneficia a quienes cotizan por el máximo.
El responsable del departamento de la Seguridad Social se quejó de que los incentivos para alargar la carrera de cotización apenas se utilizan y “son muy poco conocidos”. Así, adelantó que el ministerio trabaja en el análisis de los distintos mecanismos existentes para poder rediseñarlos, porque “va a haber un mayor porcentaje de personas que van a querer jubilarse más tarde”. Fuentes de la Seguridad Social confirman que van a realizar campañas informativas. El año pasado sólo 60.000 personas escogieron la fórmula de la jubilación activa, que permite compatibilizar pensión y trabajo, y 50.000 de ellas eran autónomos. Acercar la edad de jubilación real a la legal “es una palanca potentísima”, concluyó Escrivá. “Por cada año en que la edad efectiva de jubilación aumenta, resolvemos un 25% del problema entre el gasto actual de pensiones y el gasto de futuro”.
El ministro defendió también la conveniencia de reducir los beneficios fiscales de los planes individuales de pensiones, para trasladarlos al sistema de previsión privado promovido por empresas y trabajadores a través de la negociación colectiva. Un modelo complementario poco extendido hasta ahora, salvo en Euskadi (lo tiene la mitad de los trabajadores vascos, frente al 10% en el resto de España). Escrivá puso el acento en la menor rentabilidad de los planes individuales de pensiones frente a los de empresa (2,5% y 4%, respectivamente), así como unas comisiones de gestión más altas. “Son muy, muy caros”, destacó. La Seguridad Social tendrá en cuenta el análisis de la Autoridad Fiscal sobre las reducciones en el IRPF por aportaciones a planes privados de pensiones, que alcanzan los 1.630 millones de euros. Escrivá confirmó que ya están negociando con Hacienda la rebaja de estos beneficios fiscales para desviarlos a los planes de empresa. “Se hará progresivamente”, explicó.
En el 2019, un 16% de los nuevos jubilados se retiró antes de la edad legal, resalta el ministro