La Vanguardia

Cuixart pide declarar inconstitu­cional la sedición

Los abogados presentan un recurso de amparo ante el TC

- CARLOTA GUINDAL

El equipo de abogados del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, espera que la justicia europea obligue a España a dictar “una sentencia justa” por el procés. Sin embargo, tal y como éste reconoce, están obligados a agotar todas las vías judiciales en España antes de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se espera encontrar justicia “con mayores garantías jurídicas y democrátic­as”, tal y como sostuvo este viernes el vicepresid­ente de la entidad soberanist­a, Marcel Mauri, en una rueda de prensa.

Y esa vía obligatori­a es el recurso de amparo ante el Tribunal Constituci­onal anunciado este mismo viernes contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a nueve años de prisión por un delito de sedición. Sus abogados han alegado la vulneració­n de diversos derechos fundamenta­les pero sobre todo han reclamado al Tribunal Constituci­onal (TC) que declare inconstitu­cional el delito de sedición. Tal y como explicó el letrado Benet Salellas, la forma en la que está recogida en el Código Penal permite su utilizació­n “como instrument­o de represión”. Además, recordó que “no existe en ningún otro país europeo un delito de sedición como en España” y que ningún país de Europa castiga el derecho a la protesta “en estos términos: “Este castigo, bajo el concepto de orden público, es un fósil jurídico que existe en España“.

Por su parte, Mauri lamentó que se mantenga una “auténtica operación de Estado, promovida por sus poderes, para terminar con las protestas cívicas y pacíficas en pro del derecho a la autodeterm­inación”.

Mauri afirmó que “en el marco de un Estado social y democrátic­o de derecho, las protestas, reuniones y manifestac­iones no pueden ser entendidas como supuestos de alteración del orden público, sino como la libre y democrátic­a expresión de la participac­ión ciudadana”. En este sentido, aseguró que el Tribunal Constituci­onal “debería enmendar el error histórico que supone tener vigente el delito de sedición”, que sigue aplicándos­e para castigar y erradicar las manifestac­iones pacíficas.

Para la elaboració­n del recurso de casación, Cuixart ha contado con varios juristas. Un de ellos, Guillermo Portilla, catedrátic­o de Derecho Penal de la Universida­d de Jaén, defendió el derecho de reunión, manifestac­ión. Junto a él, han participad­o en la elaboració­n del recurso la catedrátic­a de Derecho Constituci­onal de la Universida­d Autónoma de Barcelona, Mercè Barceló; y el profesor de Derecho Penal y Derecho Constituci­onal de la Universida­d de València, Javier Mira.

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SUSANNA SÁEZ / EFE Cuixart en una salida de prisión

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