Diálogo sin alternativas
Por fin se ha abierto una vía de diálogo y negociación entre los gobiernos de España y Catalunya. Qué vaya a suceder a continuación resulta muy difícil de saber. La incertidumbre es enorme. Parece evidente que el independentismo llega a la mesa dividido e incluso enfrentado. Durante años, los independentistas se quejaron de la cerrazón del gobierno español; en todo momento, apelaban a un diálogo que se les negaba desde Madrid. Y, ahora que hay un Gobierno de izquierdas con buena disposición para abordar políticamente el conflicto, un sector del independentismo parece ir arrastrado a la mesa de diálogo. Ha bastado que el Estado cambie de estrategia para que comiencen a agudizarse las contradicciones dentro del bloque independentista. Lo que mantenía cohesionado al independentismo era, sobre todo, la intransigencia del Estado y su respuesta represiva.
En cuanto al Ejecutivo de Sánchez, no está claro aún si hay una voluntad de ir a la raíz del conflicto o si, más bien, se trata de ganar tiempo, forjar una mayoría parlamentaria que garantice la aprobación de los presupuestos y luego dejar morir la negociación.
Para superar la desconfianza entre las partes, es conveniente no perder demasiado tiempo en prolegómenos y entrar en una dinámica de cesiones parciales. Una vez que se encarrilen las negociaciones, estas cobrarán vida propia y pueden acabar arrastrando a las partes a consensuar algún tipo de acuerdo a pesar de que quede alejado de sus posiciones iniciales. Dado el apoyo abrumador al diálogo en la opinión pública en Catalunya y en el resto de España, cuanto más se avance, más costoso resultará descolgarse.
Uno de los obstáculos más graves es el ensordecedor ruido ambiental. Los partidos de la derecha y los medios conservadores ya han elevado el volumen. Las acusaciones son brutales: se pacta la ruptura de España, el Estado se arrodilla ante unos delincuentes golpistas, Sánchez acaba con la soberanía nacional para sobrevivir en el poder, etcétera, etcétera, etcétera.
El guion no es nuevo. Se ensayó durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando este se atrevió a salirse del encorsetamiento tradicional de la política española promoviendo la reforma del Estatut, el proceso de paz con ETA y la recuperación de la memoria histórica. Mariano Rajoy acusó a Zapatero de traicionar a los muertos, de “hablar en batasuno”, de ser desleal a España, de engañar a los españoles y de ceder al chantaje de ETA. Uno de sus más estrechos colaboradores, Ángel Acebes, afirmó que el Estado había entregado “las llaves del Estado de derecho a los terroristas” y que “el proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA”. Los más osados en el PP no pudieron resistir la tentación de atribuir un designio siniestro al gobierno en el que la reforma del Estatut (“el principio del fin del Estado”, en expresión de Rajoy) y el proceso de paz eran dos elementos interconectados al servicio de la ruptura de España.
No voy a insistir en el carácter incivil de la retórica que emplea la derecha española desde hace tiempo. Es cosa bien sabida y no tiene demasiado efecto denunciarla otra vez. Sí me gustaría señalar, en cambio, lo que, a mi juicio, es el punto más débil de sus acusaciones truculentas. Incluso si se concediese que a la derecha le asiste una buena parte de razón en su crítica a cualquier salida negociada del conflicto catalán, el problema fundamental es que no aporta alguna solución alternativa mínimamente creíble.
¿Es realista pensar que un conflicto que dura ya una década vaya a resolverse mediante una política basada en la negación de la existencia de dicho conflicto? ¿Alguien puede realmente pensar que el problema es solamente un asunto de orden público que puede arreglarse con la intervención de las fuerzas de seguridad y el encarcelamiento de los líderes del movimiento?
Los resultados de la estrategia de la derecha ya los hemos sufrido: el desbordamiento del conflicto, la salida represiva, la pérdida de calidad democrática, la erosión en la imagen internacional del país, la inestabilidad política y una desafección muy extendida en Catalunya hacia las instituciones españolas.
Cuando se plantea en frío el problema de qué debe hacer el Estado español ante una crisis de demos como la que se ha vivido en España, las respuestas de la derecha son muy vagas. Apelan a soluciones extraconstitucionales (y, a mi juicio, antidemocráticas) como un “155 indefinido”, es decir, la supresión de la autonomía catalana hasta que desaparezca el independentismo. Desde su punto de vista, un 155 indefinido permitiría la recuperación por parte del Estado de las competencias educativas, la supresión de la inmersión lingüística y el control de los medios públicos catalanes de comunicación.
Todo esto, claro, es un proyecto cuyos efectos, aunque fueran los que la derecha espera, tardarían en materializarse varias generaciones. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo salimos del laberinto?
En el fondo, la derecha no tiene más oferta que una política de asimilación nacional forzada. En lugar de afrontar el problema político, lo que busca es desactivarlo eliminando lo que, a su peculiar entender, son las condiciones que producen independentismo. Pero es que, como digo, incluso si la teoría fuera cierta, la puesta en práctica requeriría muchos años de desarrollo.
Por lo demás, la teoría ni siquiera tiene visos de verosimilitud. España no ha conseguido nunca una asimilación completa de sus culturas nacionales diversas. Las circunstancias para lograrlo ahora no pueden ser más desfavorables: si el Estado no pudo hacerlo ni cuando utilizó todos los instrumentos represivos a su alcance, ahora, en un contexto democrático, con un apoyo a la independencia por encima del 40 por ciento del electorado, ¿es serio pensar que el Estado pueda convertir a los independentistas?
La vía del diálogo no es la panacea, de acuerdo. Quizá fracase, quién sabe. Sin embargo, no creo que haya otra mejor. El diálogo parte de la existencia de un conflicto político complejo y pretende encontrar un marco en el cual las posturas diversas puedan ser legítimamente defendidas y confrontadas, sentando así las bases para la búsqueda de acuerdos que resulten mejores para todos que el mantenimiento del statu quo. Con otras palabras, se trata de abordar, desde los principios inspiradores de la democracia, un problema que todas las partes involucradas han sacado de quicio. A falta de algo mejor, démosle una oportunidad al diálogo.
El cambio de estrategia del Estado ha agudizado las contradicciones del independentismo
La derecha no tiene más oferta que una política de asimilación nacional forzada de Catalunya