El Estado avalará créditos hasta 50.000 millones
El Consejo de Ministros prevé acelerar los ERTE y ayudar a los autónomos
El Consejo de Ministros tendrá hoy encima de la mesa para su aprobación una línea de avales públicos para que la banca privada ponga a disposición de las empresas créditos por un importe de 20.000 millones de euros, ampliables a 50.000 millones, y la flexibilización de la aprobación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Son dos de las medidas que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a sacar adelante hoy.
El objetivo es evitar que las tensiones de liquidez de las empresas y autónomos deriven en una cadena de suspensión de los pagos. En los ERTE, el objetivo es proteger a las empresas y los trabajadores que se han quedado sin actividad por la pandemia.
La discusión entres los socios de la coalición sobre la receta económica a aplicar ha retrasado su aprobación. Las fuentes consultadas prevén que la línea de garantías podría aprobarse hoy, si bien el conjunto de la letra pequeña podría demorase algo más. Fuentes consultadas creen que en unos 10 días los bancos comenzarían a distribuir los créditos.
El aval público se articularía a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esas garantías permitirían a los bancos privados poner entre 20.000 y 50.0000 millones de euros en créditos a interés bajo. Este
fin de semana, la patronal Foment del Treball estimó que la cantidad que necesitaría el sistema son unos 30.000 millones. No obstante, tanto la patronal como el sector bancario preferirían un modelo como el alemán, en el que no hubiera límites a esas garantías.
Con esos avales se consiguen dos efectos. El primero y más evidente es que las empresas, independientemente de su situación, puedan acceder de forma rápida a la liquidez. La segunda es que, en caso de que alguno de esos préstamos acabaran impagados, no arrastrarían a las entidades.
Fuentes consultadas explicaron que las empresas de todos los sectores se podrán acoger a esas línea de crédito. El objetivo es que las empresas dispongan de liquidez abundante para poder hacer frente a sus compromisos de gastos fijos sin entrar en impagos.
En paralelo, existe otra partida de créditos específica para el sector turístico, que entre los bancos se conoce como línea Thomas Cook, por un importe de 400 millones. Esa línea corre a cargo íntegramente del ICO, que es quien pone el dinero. Es un plan destinado al sector turístico. Se la denomina de esa manera porque se utiliza la misma plataforma que se puso en marcha cuando se rescató a los afectados por la quiebra del turoperador Thomas Cook.
En relación con los ERTE, el
MEDIDAS
Las garantías públicas permitirán a las empresas acceder a liquidez inmediata
Consejo de Ministros analizará hoy acciones clave para el mercado de trabajo como la flexibilización del procedimiento, acortando los plazos, y la concesión a los afectados de la prestación por desempleo, sin tener en cuenta su cotización previa, y que no compute de cara al futuro (contador a cero). El objetivo: lograr paliar la sangría de la destrucción de puestos de trabajo.
Fuentes sindicales aseguran que el Gobierno les ha transmitido su compromiso para sacar adelante estas dos medidas, inaplazables para los agentes sociales ante el aluvión de ERTE que esperan por la parada progresiva de la actividad económica. En cambio, no está tan claro qué va a pasar con las cuotas sociales que en estos momentos deben pagar los empresarios cuando se presenta una suspensión de contratación. La propuesta consensuada por CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT recoge la exención para las empresas para los ERTE vinculados a la pandemia, aunque otras voces apuntan a la posibilidad de que finalmente se quede en un aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, como el Ejecutivo hizo la semana pasada con el pago de impuestos para pymes y autónomos.
Ayer los ministerios seguían “ultimando” las propuestas que van a ser analizadas en el consejo de hoy. “Queremos que todo llegue bien atado, que salga bien y que se pueda aplicar al día siguiente”, apuntan fuentes gubernamentales.
Empresarios y representantes de los trabajadores no ocultan su preocupación por la cantidad de ERTE que se van a presentar y temen el colapso de la Administración y de la Inspección de Trabajo. De ahí que reclame con insistencia que se abrevien los plazos. Una vía es aclarar cuándo se considera un ERTE por causa mayor (sólo necesita cinco días de tramitación y, cuando se acepta, es retroactivo, además de necesitar de aprobación de la autoridad laboral).
En los últimos días, y en vista de la división del Gobierno por el esfuerzo fiscal a realizar, aumentan las dudas de que salga adelante la anunciada nueva prestación extraordinaria por cuidado de familiar. Tampoco se han confirmado las ayudas para trabajadores por cuenta propia, aunque están sobre la mesa la suspensión de cuotas sociales y extender la actual prestación por cese de actividad (el denominado paro de los autónomos).