La Fiscalía investiga los fondos del rey emérito tras abdicar
El Tribunal Supremo asumiría el caso tras perder Juan Carlos I la inviolabilidad
Anticorrupción cree que si hay indicios de que el rey emérito cobró alguna comisión irregular por mediar en la adjudicación del AVE a La Meca sí se le podría perseguir.
Juan Carlos I fue inviolable durante sus casi cuarenta años de reinado, es decir, estaba exento de rendir cuentas a la justicia. En el 2014, tras su abdicación a favor de su hijo Felipe, perdió tal condición y pasó a ser aforado ante el Tribunal Supremo, lo que significa que sólo podría ser juzgado por el máximo órgano judicial español. Además, no se le podría acusar de nada que hubiese hecho durante su reinado.
Cuando saltaron a la luz las dudas sobre su patrimonio en el extranjero, algunos sectores defendieron que su inviolabilidad debía prevalecer, en especial si se trataba de dinero obtenido durante su etapa como monarca. Sin embargo, la investigación no se ha frenado.
La Fiscalía Anticorrupción considera que si puede obtener indicios suficientes de que Juan Carlos I obtuvo algún tipo de comisión irregular por intermediar en la adjudicación del AVE a La Meca, sí se le podría perseguir.
La clave radica en el delito de blanqueo de capitales. Del delito precedente, es decir, el origen delictivo del dinero presuntamente blanqueado, podría estar exonerado. Sin embargo, los investigadores consideran que sí deberá hacer frente a una causa penal si se consigue acreditar que el dinero obtenido de la corrupción empresarial ha seguido siendo utilizado a lo largo de los años y una vez finalizado su reinado, es decir, cuando ya no contaba con estatuto de inviolable.
La jurisprudencia sobre el delito de blanqueo establece que este se ejecuta en la práctica mediante actos reiterados, de modo que los capitales de procedencia delictiva se incorporan generalmente al mercado lícito de forma discontinua y fraccionada con el fin de no levantar sospechas. “Como sucede en el tráfico de drogas, suele ser bastante habitual que los autores de ambos delitos desarrollen su actividad delictiva mediante una pluralidad de actos a lo largo de un período notable de tiempo”, tal y como explica el fiscal del Tribunal Supremo y exsecretario de Estado de Justicia Manuel Dolz, en un análisis sobre este delito en el diario La Ley.
Fuentes de la investigación reconocen que el asunto se encuentra todavía en una fase muy embrionaria. El ministerio público tiene unas diligencias abiertas desde octubre del 2018 respecto a las comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca. En estos momentos se está intentando cuadrar el circuito del dinero.
Corinna Larsen aseguró en una conversación, grabada y luego intervenida, con el comisario de Policía hoy en prisión José Manuel Villarejo, que el monarca cobró comisiones por intermediar. El fiscal encargado del asunto ha tomado declaración a varios testigos, ente ellos a la propia Larsen, y ninguno ha señalado directamente a Juan Carlos I como receptor de esas comisiones. La Fiscalía suiza ha abierto su propia investigación y ha detectado dos fundaciones en las que el rey emérito podría estar detrás. En una de ellas se habría recibido una donación de 65 millones de euros. Los investigadores parten de la base de que ese dinero podría tener una procedencia irregular. Y en caso de tener pruebas para ello, el siguiente paso sería demostrar que ese dinero se ha movido, se ha utilizado o se ha transferido a lo largo de estos años. De lograrse esos datos, sería entonces cuando la Fiscalía Anticorrupción podría presentar las pruebas a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que procediera a presentar una querella por un delito de blanqueo de capitales.
Por esta misma mecánica, Eduardo Zaplana acabó en prisión, por el blanqueo de las presuntas comisiones recibidas durante su época como presidente de la Comunidad Valenciana y que todavía seguía moviendo más de una década después, o la familia Pujol está siendo investigada por el dinero obtenido presuntamente por la corrupción política desde los ochenta, cuando Jordi Pujol ejercía como presidente de la Generalitat.
Otros casos: Zaplana o Pujol, investigados por un blanqueo procedente de la presunta corrupción