España en la UCI
La coincidencia del estado de alarma con la crisis de la Casa Real crea una situación inédita La línea keynesiana gana peso en el interior del Gobierno para afrontar la crisis social El Ejecutivo prepara un nuevo paquete de medidas económicas, pendiente
Grave crisis en la Casa Real mientras España se adentra en un inquietante túnel. El rey Felipe VI no ha podido comparecer hasta la fecha ante la sociedad española para contribuir a la calma y la serenidad, como consecuencia de un escándalo económico protagonizado por su padre, el hombre que condujo la transición de España a la democracia parlamentaria después de la muerte de
Francisco Franco. Una situación absolutamente inédita. Una situación vertiginosa ante la cual no caben pronósticos de futuro.
El peso del Estado recae en estos momentos en el Gobierno de España, desprovisto de amortiguadores. El prestigio del Estado se alimenta del abnegado trabajo de los empleados de la sanidad pública. La prueba de fuego para el Estado pasa estos días por la eficacia, o no, del estado de alarma decretado por el Gobierno, constituyéndose en mando único por encima de las comunidades autónomas. La segunda prueba de fuego para el Estado, no menos arriesgada que la anterior, pasará en las próximas semanas por la capacidad, o no, de configurar un escudo de protección social. La situación es de tal gravedad que corta la respiración.
El Estado español se halla en alta mar, con olas de diez metros, y el Rey se ha visto obligado a retirar la asignación estatal a su padre, el hombre que consiguió legitimar la restauración monárquica en España acelerando el cambio político a partir de 1976 y apareciendo como el freno del intento de golpe de Estado de 1981. Estas referencias históricas, que han perdido intensidad con el paso del tiempo y el consiguiente relevo generacional, palidecen en estos momentos. Felipe VI también ha renunciado a la herencia de su padre para neutralizar la supuesta presencia de su nombre, a título de beneficiario, en dos cuentas abiertas por Juan
Carlos de Borbón en Suiza en la que se percibieron fondos de Arabia Saudí, según la prensa británica. El Rey se reunirá mañana con el presidente Pedro Sánchez y los ministros del comité de emergencia para tratar de la crisis del coronavirus.
El Gobierno decidió ayer el cierre de las fronteras terrestres en coordinación con los demás países europeos. El presidente del Gobierno propuso también ayer una reunión de urgencia del G-20, grupo que reúne a las principales economías del mundo.
La economía. Este es el principal debate abierto en el Ejecutivo desde la semana pasada, tal y como ha venido informando La
Vanguardia. Las posiciones favorables a la configuración de un fuerte escudo social han ganado peso en las últimas horas, empujadas por la magnitud de los acontecimientos. Economistas de reconocida filiación liberal aconsejan recurrir a la teoría keynesiana para evitar un catastrófico colapso social.
La discusión está abierta en el seno del Gobierno de coalición y no es un PSOE versus Unidas Podemos. Las discrepancias hasta el momento han tenido un carácter transversal. Ministros socialistas y ministros de UP frente a las prevenciones de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, titulares de los dos principales ministerios económicos. Un dato relevante del debate en curso es el decidido alineamiento del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, antiguo responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en favor de la activación del gasto público para evitar un estrangulamiento económico.
“Si este es el debate, estoy claramente con Escrivá. Olvídense del déficit, se va a ir a la Luna en todos los casos y en todas las partes. Ahora la cosa va de sostener a la ciudadanía y las empresas para que no colapsen. El coste de no hacerlo será mucho mayor”, escribía ayer en Twitter, el exdiputado de Ciudadanos Toni Roldán. Mensaje inequívoco a la ministra Calviño, cancerbera de la ortodoxia bruselense en el Ejecutivo español. Comparten la línea de Escrivá otros ministros del área socialista, como José Luis
LA SEGUNDA PREOCUPACIÓN
Creciente alarma social por los efectos económicos de la epidemia
ELECCIONES APLAZADAS
Se posponen las elecciones de Galicia y Euskadi previstas para el día 5 de abril
PRIMERAS ENCUESTAS
Los españoles valoran mejor a los gobiernos autonómicos que al Ejecutivo central
LA FISURA CATALANA
En Catalunya, la Generalitat va por detrás, según un sondeo de Metroscopia
Ábalos (Transportes) y Reyes Maroto (Industria). Anoche avanzaba la línea keynesiana. Propuestas en estudio: préstamos y avales públicos a las empresas por valor de 5.000 millones, evitar despidos definitivos mediante la flexibilización de los ERTE, paquetes de préstamos públicos a través del ICO, aplazamiento del pago de impuestos por valor de 14.000 millones (medida decidida el jueves pasado), anulación de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores por cuenta propia, más ayudas a los autónomos.
Estado de emergencia y autonomías. Gana peso en el Partido Popular la línea de colaboración con el Gobierno personificada en estos momentos por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, frente a la línea de fricción representada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afectada por el coronavirus.
Fricciones fuertes con la Generalitat de Catalunya. Foco de activismo nacionalista en las redes sociales con fortísimas críticas a la estrategia del Gobierno central. Irritación nacionalista por el despliegue del Ejército, medida singularmente apoyada por Unidas Podemos. (Pablo Iglesias recibió ayer el encargo de la ministra de Defensa de dirigir las operaciones de la Unidad Militar de Emergencias para la ayuda de las personas sin techo). El estado de alarma confiere a la Generalitat la posibilidad de movilizar –si lo desea– las instalaciones y los efectivos profesionales de la sanidad privada en Catalunya.
Una encuesta de Metroscopia conocida ayer señala que la población puntúa en estos momentos relativamente mejor a los gobiernos autonómicos que al Gobierno central en lo que se refiere a la gestión de la crisis. El saldo de positivo de las autonomías es de 21 puntos. El del Gobierno central, de 12. El Gobierno vasco es el mejor valorado. Catalunya es la excepción. Según la citada encuesta, el conjunto de los catalanes valora mejor la actuación del Gobierno central que la de la Generalitat. En la Comunidad de Madrid ocurre todo lo contrario. Los sociólogos de Metroscopia atribuyen este hecho a la fuerte polarización política inducida estos días por el presidente catalán, Joaquim Torra. Se posponen las elecciones en Galicia y Euskadi.