Los grupos retomarán la petición de investigación al rey emérito
Todo se hace viejo muy rápido, y la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados (con los votos de PSOE, PP y Vox) de rechazar una comisión de investigación sobre las pesquisas que la justicia suiza realiza en torno al patrimonio del rey emérito Juan Carlos I se convirtió en una estatua de sal parlamentaria al anunciar la Casa del Rey el repudio financiero de Juan Carlos I, mediante la renuncia del rey Felipe VI a cualquier derecho sobre el legado patrimonial de su padre, y la cancelación de la asignación pública que el monarca emérito percibe del erario. El ministro del Interior, Fernando Grandemarlaska, sin cargar las tintas, señalaba que es imprescindible que la justicia avance en el esclarecimiento del caso –la Fiscalía Anticorrupción española está a la espera de la entrega de documentación por las autoridades helvéticas–, porque “tiene una importancia que a nadie se le escapa”, dijo aludiendo al comunicado de la Casa del Rey. Mucho más duro estuvo el diputado del PSOE por Gipuzkoa, Odón Elorza, quien calificó los hechos de “escándalo monumental”, y advirtió que, cuando la pandemia dé una tregua, habrá que volver sobre el asunto: “Esto no acaba aquí”.
El socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, señaló el mismo domingo, inmediatamente después de conocerse la decisión de Felipe VI, a través de la cuenta pública de Podemos que, aunque en estos momentos “nada va a distraernos del combate frente al desafío sanitario, social y económico del Covid-19 (...), las informaciones recientes sobre Juan Carlos de Borbón y el comunicado de la Casa Real son de una extraordinaria gravedad”. Al hilo de esto, Podemos, que defendió la comisión de investigación propuesta por ERC, PNV y los grupos minoritarios, advirtieron que, “en su momento, este asunto requerirá depurar todas las responsabilidades y la correspondiente investigación en sede parlamentaria”, toda vez, continúa el mensaje lanzado el domingo,
“nuestro pueblo lucha ahora contra el Covid-19, [pero] cuando toque, deberá conocer toda la verdad y ejercer los derechos soberanos que le corresponden”.
Casi idéntica fue la posición que adoptó el grupo parlamentario del PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, comunicó a través de Twitter su preocupación respecto al imprevisto giro de los acontecimientos que supuso el comunicado sin precedentes de la Zarzuela: “Ahora, toda nuestra atención está puesta en superar la crisis del coronavirus, pero no podemos obviar que lo que está sucediendo con la Casa Real y la jefatura del Estado es muy grave”, y en virtud de esa trascendencia, añadía, “habrá que aclarar todo lo sucedido y, como mínimo, modificar las leyes que impiden dar transparencia a sus actividades”. Esteban, añadía, respecto a la supuesta imposibilidad jurídica de investigar al rey emérito por su condición inviolable, aducida por los letrados del Congreso y esgrimida por el PSOE: “No es de recibo, ni jurídicamente sostenible en una democracia, que se invoque la Constitución para impedir una comisión de investigación parlamentaria”.
El grupo de ERC, que ya había promovido la comisión de investigación, se ratificaba en lo dicho, y consideraba insuficiente la decisión de Felipe VI: “No basta con la renuncia individual a la herencia. Hay que investigar el origen del dinero, los negocios y obviamente depurar la responsabilidad hasta las últimas consecuencias”. Laura Borràs, portavoz de Jxcat, consideró que “el Rey asume que el dinero de su padre es ilegal (...), cuando su propio hijo se avergüenza, ¿qué más hay?”, se preguntó, reclamando una investigación.
El líder del PP, Pablo Casado, por su parte, que ya el domingo transmitió “todo su apoyo” a la Corona, se dejaba ver ayer en una comparecencia desde su despacho, donde podía verse una foto suya junto a Felipe VI.
El socialista Elorza cree que es un “escándalo monumental”, y PNV, ERC, Jxcat y Podemos piden aclarar los hechos