El Estado lo pagará todo
La sociedad, y no sólo la economía, necesita una brutal inyección de dinero, todavía por cuantificar, pero ingente. Y no para activar la máquina económica. Mientras la epidemia siga expandiéndose geométricamente, pensar en animarla es simplemente quimérico. Con la mayoría de la población confinada en su casa, un tsunami que acabará cerrándolo todo, no es posible pensar ni en producir más, ni en prestar más servicios, ni en animar el consumo. Sólo queda resistir, cubrir las necesidades básicas y esperar a que el contagio remita y se convierta en residual. La economía vive una especie de fallo de mercado colosal generado de forma exógena y que paraliza tanto la oferta como la demanda.
El Estado deberá pagarlo todo. Intentar que las empresas puedan hacer frente a sus deudas y obtener crédito para seguir cubriendo las nóminas de sus empleados y no acaban siendo morosos bancarios. Esto implicará avales públicos, una factura a plazo.
Que los autónomos obtengan ingresos con los que asegurarse la supervivencia mientras dure el bloqueo y que los trabajadores que se quedan sin empleo –se avecina un tsunami de cierres y quiebras– sigan obteniendo un ingreso decente para vivir. No son políticas de estímulo, como en el 2008, son lisa y llanamente medidas de Estado benefactor, inevitables si se quiere mantener la cohesión y evitar un estallido social incontrolable. Es la teoría del helicóptero que lanza dinero hecha realidad, dárselo a empresas, trabajadores, instituciones, a todos, para que resistan sin hacer prácticamente nada durante uno, dos o un número indeterminado de meses.
Pero el Estado también deberá gastar mucho más dinero que hasta ahora en la sanidad, primer frente de la batalla sanitaria y económica. El sistema está colapsado, desbordado y aunque no esté de moda decirlo, debilitado, con la resaca austericida consecuencia de la política económica europea de la última década. Italia primero, España ahora, y en el futuro Francia, Alemania y el otrora admirado National Health Service británico, agravado por la suicida decisión de Boris Johnson, verán cómo saltan las costuras de sus respectivos sistemas sanitarios. Algo tal vez inevitable ante una pandemia, pero no en el grado en el que se está produciendo. El castigo de años de jibarización presupuestaria.
La prueba más evidente es que mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) exige multiplicar los tests para detectar los contagios, la aclamada sanidad española ha tenido que renunciar a hacerlos y los concentra para un reducido grupo de ciudadanos indispensables.
Y aún queda por conocer la factura derivada de la compra de nuevos equipamientos indispensables y de la ampliación de los servicios más allá de las unidades hospitalarias existentes.
Obviamente, el Estado no tiene recursos para todo esto, menos aún con la caída de recaudación que ya está registrando, a una velocidad y con una profundidad aún mayor que con la explosión de la burbuja financiero/inmobiliaria del 2009. Y no hablemos ya de lo que deberá asumir una vez se supere la fase de aumento de la pandemia, en este caso si para incentivar oferta y demanda. El único recurso a su alcance es la deuda.
La Comisión Europea ya ha
Al final, la factura de evitar el estallido social elevará la deuda pública por encima del 110 o el 120% del PIB, un récord
aceptado saltarse las rígidas normas del pacto de estabilidad y crecimiento ante la evidencia de que los acontecimientos son graves y extraordinarios. No dirá ni mu, incluso estimulará que los estados afectados se gasten más allá de lo que tienen. Admiten la magnitud del desafío.
Y aquí interviene el Banco Central Europeo (BCE), que deberá seguir haciendo apuntes contables, un movimiento que, cual magia, pondrá más dinero en circulación, financiará esas deudas de los estados, de Italia y España, mayoritariamente. Y contendrá su coste, es decir el interés que pagará. Al menos, hasta ahora ha sido así.
Pero la factura llegará. El Estado español camina, inevitablemente, hacia un nuevo récord histórico de deuda. De, por lo menos, el 110% o el 120% del producto interior bruto (PIB), todo lo que la economía produce en un año. El coste de esta crisis será enorme y anuncia más problemas políticos, sociales y económicos en el futuro más inmediato. Pero nadie parece haber encontrado otra alternativa.