Los penúltimos
El Gobierno acaba de decretar dos semanas más de confinamiento, hasta finales del mes de abril. Cuando lleguen esas fechas habremos pasado un mes y medio en casa, y nuestra economía llevará un mes en punto muerto. El confinamiento nos da la oportunidad de pensar en cómo querríamos configurar el mundo que habremos de poner en marcha a la salida, y hemos de agradecer a quienes han puesto su talento y su corazón al servicio de la comunidad hablando y escribiendo para todos. Pero también hay que pensar en el presente. En particular, hay que prestar atención a aspectos que una Administración central no puede aspirar a cubrir, a necesidades que sólo se hacen oír en algún medio de comunicación, voces en el desierto que no saben adónde acudir.
Algunos ejemplos, extraídos de Cartas de los Lectores de este periódico del pasado sábado, revelan que hay mil maneras de quedarse en el limbo por culpa del coronavirus. El propietario de una pequeña academia de idiomas que se ha quedado, de forma abrupta, sin alumnos, la técnica dental que ha caído entre dos empresas, como uno cae entre dos sillas, el fontanero autónomo, declarado servicio esencial por el Gobierno, pero que se encuentra sin clientes ni proveedores. El primero es dueño de una pequeña empresa, la segunda dejó su antigua empresa en mal momento, el tercero es un trabajador autónomo. Situaciones distintas, pero con dos rasgos comunes: se han quedado sin ingresos, y no están integrados en ningún órgano de representación, no están colegiados ni sindicados. Alargar el confinamiento –algo cuya necesidad no discuto– puede dejarlos a todos sin recursos. Cualquiera puede resistir tres semanas, pero ¿un mes y medio?
De la diversidad de situaciones que se ven muy afectadas por la crisis quisiera centrarme en el último ejemplo, el de los autónomos, por dos razones: porque es un colectivo muy numeroso, y porque aliviar su situación es algo que puede lograrse con medidas que parecen de fácil aplicación, por lo menos a un profano.
En España están censados algo más de tres millones de trabajadores autónomos, de los que un tercio son, en realidad, pequeñas empresas, entre las que puede hallarse la academia de idiomas antes citada. La categoría cubre, naturalmente, situaciones económicas y sociales muy diversas; en ella abundan los servicios presenciales, que son las principales víctimas del confinamiento. Pensamos, en primer lugar, en cuidadores o limpiadoras, pero hay mucho más. Algunos sustentan sus aficiones literarias haciendo traducciones o dando clases de idiomas; otros dan clases particulares de matemáticas o de mecánica. Muchos músicos redondean con clases de su instrumento los ingresos obtenidos en algún concierto. Bien mirado, buena parte de los creadores y de los agentes de que eso que llamamos cultura, sobre todo los más modestos, aquellos que transmiten a los más jóvenes esa cultura a la que tanta importancia solemos dar, deben de estar en esa situación, sin ingresos, con impuestos a pagar y sin representación. Una nota más: casi la mitad de los censados como autónomos están entre los 40 y los 54 años, lo que los hace especialmente vulnerables.
Los más de entre ellos limitan sus relaciones bancarias a algún contacto con un cajero automático; seguramente no tienen nómina, ni activos que puedan servir de garantía a un crédito. Ante la falta de ingresos habrán de acudir a los servicios sociales, algo a lo que no están acostumbrados, algo a lo que no esperaban haber de acudir. Sólo una situación tan grave como la que padecemos les habrá reducido a ello. Sí, reducido es el término que se emplea para describir la situación, porque corresponde exactamente a lo que deben sentir los afectados.
Las medidas necesarias han de tener como único objetivo ayudar a los autónomos a mantener a flote su economía: aumentar sus ingresos y reducir en lo que se pueda sus gastos. Para ser eficaces, han de ser sencillas: cualquier intento de refinar las medidas para evitar el fraude supone un retraso, cualquier trámite de solicitud o de verificación puede resultar un obstáculo insalvable. Hay dos medidas que pueden cumplir estos dos requisitos, la rapidez y la simplicidad: por una parte, la transferencia, a través de la Seguridad Social, de una renta mínima a todos los autónomos con una cuota inferior a un límite único; por otra parte, la moratoria de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social; ambas, o bien con una fecha prorrogable, o sujetas a una cláusula de cesación de la situación excepcional.
No se trata aquí de la pobreza extrema, sobre la que se centra, con razón, la atención de tantas iniciativas públicas y privadas, sino de quienes se conformaban con poco, pero que ahora se ven como los penúltimos de la cola. Mientras, a los confinados: sigamos pagando nuestras clases de piano, de alemán, el gimnasio…, es nuestra contribución fraternal.
Las medidas necesarias han de tener como único objetivo ayudar a los autónomos a mantener a flote su economía