Los sindicatos piden al Gobierno un retorno escalonado a la actividad
El Gobierno abordó ayer con patronal y sindicatos el “proceso de desescalada” de las medidas extraordinarias tomadas para la contención de la Covid-19. El objetivo es planificar la reanudación de parte de la actividad tras el parón de Semana Santa. Los sindicatos pidieron al Ejecutivo que el proceso se haga escalonado y que los trabajadores cuenten con las medidas de protección adecuadas.
“Hemos tenido una reunión muy productiva con los agentes sociales para preparar juntos en los próximos días el paso a la fase de desescalada de las medidas extraordinarias para la contención de la Covid-19”, dijo en Twitter la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
La reunión se centró en el proceso de “deshibernación” del sistema productivo, dijo UGT en un comunicado. CC.OO. pidió aprovechar el parón de Semana Santa para ir preparando a las empresas y sectores para que esa vuelta a la actividad se haga “en las máximas condiciones de seguridad y cumplimiento de los protocolos para los trabajadores”.
Para ello, UGT reclamó “la puesta en marcha inmediata” de mesas de negociación sectoriales para diseñar medidas y normas ajustadas a cada actividad que se plasmen en guías de seguridad y salud específicas.
En la reunión de ayer de la mesa del diálogo social, celebrada por videoconferencia, participaron la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, los secretarios generales de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Josep María Álvarez, y los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva.
Mientras, en Catalunya, una veintena de entidades, entre las cuales se encuentran UGT y CC.OO., han firmado un manifiesto conjunto en el que reclaman a la UE y sus estados miembros un plan de choque para que “nadie quede atrás” después de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus y que se ponga “en el centro del debate político y social” respuestas “urgentes” en torno a la precariedad laboral, las brechas de género y las desigualdades sociales y territoriales, entre otros. Asimismo, proponen una “fiscalidad justa” para hacer sostenible el estado del bienestar a escala local y europea y contra los “dumpings que castigan unos países y privilegian los que actúan con menos escrúpulos a la hora de ofrecerse como territorios aptos para la evasión o la elusión fiscal”.