La implicación autonómica complica fijar una renta mínima
Iglesias trabaja en un ingreso de emergencia de 500 € de aplicación urgente
La aprobación de una renta mínima universal parecía inminente hace diez días. Desde la secretaría de Estado de Derechos Sociales, su titular, Nacho Álvarez, adscrito a la vicepresidencia de Pablo Iglesias, tenía listo el decreto y la medida contaba con la colaboración y el apoyo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, decidido a impulsarla. Pero la iniciativa ha entrado en modo avión. Así que la vicepresidencia trabaja ahora en una renta de emergencia que pueda aprobarse de inmediato y que garantice un ingreso de al menos 500 euros para personas que vivan solas y sin ingresos, y hasta mil, para familias con dos hijos.
El ministro Escrivá enfrió la semana pasada el apremio con el que quería actuar la vicepresidencia de Derechos Sociales e hibernó la iniciativa mientras emprendía una campaña de conversaciones con las comunidades autónomas. El motivo es que una renta mínima universal que garantice los ingresos de los sectores en riesgo de exclusión social es un mecanismo de delicada aplicación legal porque colisiona o se solapa con diferentes medidas de corte similar, aunque de menor alcance, que muchas comunidades autónomas tienen incorporadas a través de sus servicios de derechos sociales.
El Gobierno central quiere evitar roces con las autonomías en un momento de alta sensibilidad del autogobierno por la jerarquía centralizada de la gestión de la crisis sanitaria impuesta por el estado de alarma.
Tal como están las cosas, la intención original de Iglesias y su equipo, impulsar una renta mínima que no sólo se aplique como mecanismo paliativo durante la pandemia sino que quede integrada en la legislación para que siga siendo efectiva una vez superada la crisis, no parece viable a corto plazo.
Aunque la renta universal –el derecho a recibir un ingreso público si se carece de ningún otro y se pertenece a sectores vulnerables– fue uno de los mascarones de proa de Podemos en su nacimiento, como consecuencia de el apaleamiento material que sufrieron las clases más desfavorecidas tras la crisis del 2008 y la aplicación de medidas de austeridad cruda a partir del 2011, que afianzaron un estado de desprotección de las clases populares, con el paso del tiempo ha sido una iniciativa que otras formaciones políticas del espectro progresista –dentro y fuera de nuestro país–, y no sólo, han ido asumiendo como un mecanismo indispensable para paliar las situaciones más graves de exclusión social, e incluso como bálsamo ante las colosales tasas de desempleo que los analistas prevén conforme avance la robotización de la economía.
Sin embargo, y a pesar del acuerdo entre el ministro Escrivá y el vicepresidente Iglesias –que en principio lograron el plácet de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero–, la iniciativa original requerirá una tramitación larga, tal vez de meses, lo que ha llevado a Derechos Sociales a preparar una alternativa que sea operativa de inmediato y que funcione de forma provisional durante la pandemia, para mitigar los efectos que el tsunami económico del confinamiento deje en la cuneta a la población más vulnerable, como ocurriera en la crisis del 2008.
El Gobierno no quiere roces con las comunidades y busca encaje legal a su propuesta inicial