No tenemos más tiempo que perder
La crisis sanitaria por la Covid-19 ha impactado en Catalunya con fuerza. Una crisis sin precedentes que ha puesto al descubierto las carencias de nuestro sistema sanitario y de protección social. Tiempo habrá para valorar errores y carencias y para mejorar un sistema y reconocer a unos profesionales que no han recibido ni bastante atención ni bastantes recursos durante demasiado tiempo.
El impacto de la pandemia en Catalunya no sólo ha afectado de manera especial a la población de más de 70 años y personas con enfermedades crónicas, sino que, además, lo ha hecho con especial virulencia en los centros residenciales para las personas mayores y para personas con discapacidad. Hoy, en Catalunya, más de 900 personas han muerto en residencias, una cuarta parte del total de defunciones por coronavirus. El 50% de las residencias están afectadas por la pandemia, y aquellas que todavía no lo están son susceptibles de estarlo los próximos días.
Los datos son aterradores y obligan a actuar con celeridad y eficacia. Hay que garantizar el material de protección a los y las profesionales de los servicios que atienden a estas personas. Hoy 5.000 trabajadores y trabajadoras de centros de personas mayores están aislados preventivamente o con sintomatología. Hay que crear una bolsa de trabajo de profesionales de los cuidados y la asistencia sociosanitaria específica para los servicios residenciales. La actual oferta publicada por el SOC es insuficiente.
Durante estas semanas, además, ha habido un clamor compartido entre los gestores de estos equipamientos y los alcaldes y alcaldesas: el Govern ha llegado tarde y mal, y los ayuntamientos no han tenido el apoyo suficiente para llevar a cabo tareas esenciales, como la desinfección de los centros. La falta de liderazgo, de atención y de coordinación por parte de la Administración catalana ha sido una constante.
La situación reviste gravedad y no se ha estado a la altura, como lo ha reconocido el mismo presidente de la Generalitat. Mala gestión e improvisación a la hora de hacer recomendaciones a familiares, a menudo contradictorias, así como también falta de transparencia en los datos que se han aportado. Hacen falta medidas urgentes, como la medicalización de las residencias, así como asegurar una vía de traslado eficaz de las personas graves infectadas de coronavirus hacia el sistema sanitario. La última decisión del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de dejar que las familias se los lleven a casa sin saber si están contagiados a través del correspondiente test y sin asegurar que el aislamiento en casa se pueda hacer con todas las garantías es de una gran irresponsabilidad.
Desgraciadamente, ni el sistema público de salud ni la protección de los más débiles han sido una prioridad para el Govern durante la última década, y eso ha provocado unos claros déficits en la atención de las personas con más necesidades. Las personas que viven en estos centros tienen que recibir unos servicios de atención adecuados a su grado de dependencia también en esta situación de crisis. Que sean mayores no quiere decir que no tengan los mismos derechos.
Que quizá les queden pocos años de vida no quiere decir que estos años no sean importantes. Son personas que han aportado mucho a la sociedad a lo largo de su vida y ahora, cuando lo necesitan, tenemos que estar a la altura. Hay que poner todos los recursos necesarios, buscándolos con eficacia. Hay que poner a los mayores también en las prioridades del país. No tenemos más tiempo que perder.