Todos obedientes
Por ley, Japón sólo puede recomendar a sus ciudadanos que se confinen, pero no multarles si desobedecen; algunos creen que no será suficiente
Japón está en estado de alerta sanitaria contra el coronavirus. La medida fue anunciada el martes por el primer ministro, Abe Shinzo, que espera reducir así el contacto entre personas “entre un 70% y un 80%” para frenar los contagios. Para lograrlo, anunció un paquete de rescate “sin precedentes” equivalente a un 20% de su PIB. “No es exagerado decir que la economía japonesa se enfrenta a la mayor crisis de la era de la posguerra mundial”, apuntó ese día.
Sin embargo, la declaración de Abe no implica un cerrojazo al estilo del impuesto en varios países europeos en las últimas semanas. En primer lugar, la medida sólo afectará durante un mes –al menos inicialmente– a siete de las 47 prefecturas del país, incluidas Tokio y Osaka, lo que representa un 45% de sus 126 millones de habitantes.
En esos territorios, las autoridades podrán pedir el cierre de colegios y de otros establecimientos que no sean imprescindibles y que atraigan multitudes, como cines, karaokes o centros comerciales. También podrán requisar terrenos o instalaciones para destinarlos a uso médico, ordenar a los fabricantes de medicinas y alimentos que vendan sus productos al Estado (si se negaran, podrían incautarlos) y decretar el transporte de emergencia de bienes prioritarios.
En segundo lugar, el texto legal aplicado –fruto de una ley previa que el Ejecutivo de Abe reformó tras el estallido de la Covid-19– tan sólo autoriza a los gobernadores de las prefecturas afectadas a exigir a sus residentes que eviten ir a trabajar y se queden en casa todo lo posible, pero sin darles instrumentos legales para castigar o multar a los que se nieguen a obedecer.
En la práctica, eso se traduce en que su aplicación se basa sobre todo en la voluntad popular y la presión ciudadana. “El Estado japonés está profundamente arraigado en la sociedad y tiene un tremendo poder para moldear los comportamientos a través de la persuasión moral de la que carecen los estados occidentales”, justificó a la agencia Reuters Koichi Nakano, profesor de política japonesa de la Universidad Sofía de Tokio. Aun así, Abe reconoció que pueden buscar la “cooperación” de los agentes de la ley para que se cumpla en la medida de lo posible.
Sin embargo, las imágenes que ayer llegaban del país hacen pensar que está funcionando a medias. En algunas áreas metropolitanas se observaba bastante menos gente que otros días, y una gran parte de los comercios –a excepción de supermercados, farmacias y los encargados de proveer servicios esenciales– amanecieron con la persiana bajada. Esa inusual calma contrastaba con las escenas de otros distritos capitalinos como el de Shibuya o las inmediaciones de la estación Kachidochi, donde en la hora punta se veía a miles de personas, en su mayoría con mascarilla, acudiendo a trabajar como si se tratase de un día normal y corriente.
Precisamente, la situación en la capital, con 9,3 millones, es la que más preocupa. El miércoles la ciudad sumó 144 nuevos infectados, el mayor aumento hasta la fecha, con lo que la cifra de contagios ya supera las 1.300 personas (más de 4.000 en todo el país). Los servicios sanitarios llevan días alertando contra una posible escasez de recursos y los llamamientos previos de la gobernadora, Yuriko Koike, a que los ciudadanos teletrabajen y no salgan más que lo imprescindible han caído muchas veces en saco roto.
“Es posible que Tokio haya entrado en un periodo de crecimiento explosivo y exponencial”, advirtió el profesor de epidemiología de la Universidad de Hokkaido, Hiroshi Nishiura, al diario Nikkei. “Es necesario emitir restricciones más fuertes sobre sus salidas que la de decirle a la población que se comporte con moderación”, añadió. No es el único que cree que será necesario dictar restricciones más estrictas si la crisis se prolonga.
Sin embargo, esta no es una decisión nada fácil de tomar por el Ejecutivo. La represiva historia y los abusos cometidos por los gobiernos fascistas de antes y durante la Segunda Guerra Mundial dejaron en la población un poso de desconfianza sobre este tipo de medidas de emergencia que todavía perdura. De hecho, la Constitución nipona de posguerra establece estrictas protecciones para las libertades civiles, y cualquier reforma para dar más poder a las autoridades es vista con gran recelo. Como justificaba hace días el abogado Koju Nagai, “Japón ya resultó herido por eso en el pasado. Una vez que las libertades son limitadas, es difícil restaurarlas”.
LA BUENA VOLUNTAD
“El Estado tiene un poder de persuasión moral del que carecen los países occidentales”
9,3 MILLONES DE HABITANTES Preocupa el avance del virus en Tokio, donde nada ha cambiado en algunos distritos