Euskadi y Galicia quieren votar lo antes posible
Los plazos complican que haya elecciones antes del verano
Pamplona / Santiago de Compostela
Convocar, desconvocar y volver a convocar. El lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo afrontarán cuando acabe el confinamiento la inédita maniobra de fijar la nueva fecha de unas elecciones que deberían haberse celebrado el pasado domingo. Ambos gobiernos transmiten el mensaje de que desean ir a las urnas lo antes posible, si bien el calendario les va abocando hacia septiembre u octubre, a no ser que haya una acelerada salida de la situación de excepcionalidad.
Siempre que no se optase por la innovación de votar en la primera quincena de julio, algo inédito en la democracia española, el último domingo hábil antes del período estival es el 28 de junio, lo que obligaría a convocar el 5 de mayo. Con el estado de alarma vigente hasta al menos el 26 de abril, el margen es muy estrecho, como reconocen en la Xunta, sin descartarlo del todo.
Si bien impera el mantra de “nadie piensa en las elecciones”, en el PPDEG reina el optimismo, fruto de las encuestas favorables previas, el desgaste del Gobierno de Sánchez y el menor efecto de la epidemia en Galicia. Cobra fuerza el lema de “cuanto antes”, que empujó a Feijóo al 5 de abril, secundando a Urkullu. Pero hay el condicionante de que se requieren garantías de poder votar con normalidad, que en el caso del PP gallego deberían de ser reforzadas, fruto de su dependencia del electorado envejecido, el más afectado por la epidemia. Por ahora la Xunta es la única autonomía que no ha aplazado las oposiciones de la enseñanza. Feijóo anuncia una decisión a principios de mayo, lo que puede dar pistas electorales.
En Euskadi la situación es parecida y el Gobierno vasco insiste en el compromiso adquirido de convocar “cuanto antes”. El matiz con respecto a Galicia, pactado por todos los partidos, es que el proceso se reactivará una vez levantada la declaración de emergencia en el País Vasco pero sin necesidad de que ocurra lo mismo con el estado de alarma en toda España, una diferencia sutil introducida para cubrirse las espaldas en el caso, poco probable, de que la situación sanitaria vasca fuera por delante de la del resto del Estado.
La laguna legal da lugar también a dudas en Euskadi sobre si será necesario respetar los 54 días legales entre la convocatoria y la celebración de comicios, algo que debatirán los partidos. Desde el punto de vista normativo, todo apunta a que deberá mantenerse ese margen, que alimenta aún más la opción de otoño.
En el decreto de anulación se excluyeron en un principio los meses de verano del calendario electoral, algo que fue corregido y retirado en el último momento por si acaso. El periodo estival, de todas formas, no es del agrado de las formaciones políticas. “No estamos en ello todavía, está todo por decidir”, subrayan desde el Ejecutivo de Urkullu.
En el PPDEG reina el optimismo por el desgaste de Sánchez y el menor impacto de la epidemia en Galicia