Aprobado casi general con la nota de los dos primeros trimestres
Sólo se suspenderá a alumnos en casos muy excepcionales, lo que queda de curso servirá para subir calificación y habrá refuerzo en julio
El curso 2019-2020 no ha terminado, continuará hasta finales de junio oficialmente, pero en cuanto a evaluaciones, se detuvo el 14 de marzo día en que el Gobierno decretó el estado de alarma y el inicio del confinamiento que dejó sin clases presenciales a más de 8 millones de alumnos. La medida de reclusión para evitar la propagación del coronavirus era para 15 días pero la gravedad de la pandemia la ha ido prolongando hasta el punto que se cuestiona la viabilidad de una vuelta al cole presencial.
Y ante la dificultad de valorar el progreso con situaciones sociales tan diversas, se opta porque los maestros y docentes valoren el tercer trimestre sólo de forma positiva (recuperando materias suspendidas, reforzando contenidos no aprendidos, profundizando en tutorías y acompañando en competencias de aprendizajes esenciales).
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, llegó a un acuerdo ayer con las comunidades autónomas, con las que ha mantenido hasta cinco reuniones durante el estado de alarma. Los gobiernos autonómicos son los que tienen la competencia educativa y tomarán medidas sobre adaptaciones curriculares y evaluaciones, con la idea de promocionar a todos los alumnos, manteniendo la media de las notas de los dos primeros trimestres, y continuar el curso online, calificando los trabajos que se entreguen sólo para mejorar nota.
Las repeticiones serán, como demandaba el Consejo Escolar del Estado y organizaciones de educación e infancia, casos “muy excepcionales”, decididos por el propio centro y autorizados por las autoridades educativas de la comunidad autónoma. Esto significa que este curso van a suspender muchos menos alumnos ya que España es un país con arraigada tradición en la repetición de curso escolar, lo que, en ocasiones, ha sido motivo de reproche por parte de la Comisión Europea.
Promocionan también los alumnos de los cursos de cambio de etapa como 6.º de primaria y 4.º de ESO. No es un aprobado general en el que todos obtendrían una nota de aprobado. Los estudiantes mantendrán las calificaciones obtenidas de septiembre a marzo y los progresos online. Y el tutor elaborará un informe sobre las necesidades de refuerzo para que los docentes del curso 2020-2021 lo tengan en cuenta. Los currículos se concentrarán. “Tenemos currículos extraordinariamente enciclopédicos, profusos, y hay que trabajar por competencias y aprendizajes esenciales”, señaló la ministra que confío que la crisis de la Covid-19 ayude a dar el paso hacia el aprendizaje competencial.
El 2.º de bachillerato es la excepción a la promoción general del alumnado. Las calificaciones de este curso concreto son importantes para acceder a aquellas carreras que exigen nota de corte. La nota de acceso a la universidad se obtiene con la media de bachillerato (un 60%) y la de selectividad (40%), que este año se ha retrasado a la segunda semana de julio, confiando así que pueda ser un examen presencial.
Esta es una prueba (EVAU o PAU) que supera más del 92% de los presentados pero que ordena el acceso a los grados más demandados, como física y matemáticas o medicina. Así que los que se la “juegan” son sólo un grupo reducido. Eso explicaría que, en caso de que no pudiera ser presencial, se examinara sólo a aquellos alumnos que desean una nota alta, como estudian otros países.
En todo caso, la obtención de la
La evaluación del tercer trimestre sólo podrá ser tenida en cuenta para subir nota
Cada comunidad autónoma decidirá cómo evaluará el 2.º de bachillerato
nota de 2.º de bachillerato queda a discreción de cada comunidad autónoma, cuyas consejerías –en Catalunya, la secretaria d’universitats– decidirán el método más oportuno de evaluación.
La reunión entre las consejerías y la ministra versaba sobre el cierre del curso escolar y no se anticipó excesivamente sobre los escenarios del próximo curso, máxime que en la programación del curso que se inicia en septiembre se recogerán las lagunas educativas de este. Pero no se despejaron dudas sobre el desarrollo de un curso que podría no ser ordinario, con medidas de distanciamiento físico entre alumnos o nuevos confinamientos.
La preocupación de Educación estriba en la población más vulnerable que va a ser la más necesitada de ayuda. El ministerio estima que entre un 10 y un 15 por ciento del alumnado carece de dispositivos o conectividad. Eso podría arreglarse con el envío de aparatos y tarjetas de conexión. Pero la brecha es en realidad mucho más profunda. La ministra Celaá respondió airada a una pregunta del Partido Popular en el Congreso: “no es la brecha digital la que me preocupa, esa se resuelve en 24 horas, es la brecha social”. La falta de igualdad de oportunidades de más de un millón de niños y jóvenes que hasta ahora recibían las mismas clases que el resto, aunque sin las condiciones adecuadas para estudiar.
Para esta población se abrirán las escuelas en el mes de julio, de forma optativa. También para los alumnos más rezagados académicamente, para que sigan programas de refuerzo escolar. A ello se añadirían actividades lúdicas de ocio educativo, con personal externo al centro y con docentes voluntarios.
La posibilidad de alargar el curso a julio u obligar al profesorado a continuar ese mes asistiendo a alumnos ha quedado descartado. Los sindicatos de profesores adujeron que los docentes deben preparar el próximo curso que ya será difícil y que necesitan descansar después de que este trimestre está siendo muy complicado con la preparación y la conexión de las clases a distancia,
Asimismo, de cara al próximo curso se estudia reinstaurar el programa PROA, de refuerzo educativo, que se eliminó en el 2012, con los recortes económicos.
El establecimiento de una estrategia digital está sobre la mesa. España pidió el martes a la Comisión Europea que se afronte el reto digital que ha creado la Covid-19 en toda Europa de forma conjunta para cuando termine el confinamiento. La comisión considera que la educación digital no debe ser una herramienta “coyuntural” sino “estructural” para atender a la sociedad en su conjunto pero especialmente a los más desfavorecidos.
España demandó que la UE impulse un proyecto para crear una plataforma de enseñanza en línea contando con la participación de las autoridades de los estados miembro y proveedores educativos, universidades y empresas. En junio, se abrirán líneas de crédito con financiación flexible.