Medidas excepcionales en la enseñanza
Hay en España cerca de diez millones de estudiantes. Alrededor del 16% son universitarios, y el resto están matriculados en cursos de enseñanza primaria, secundaria o bachillerato. Todos ellos dejaron de asistir a sus respectivos centros educativos hace ya más de un mes, para así contribuir a frenar la expansión del coronavirus. Este parón ha planteado dos tipos de problemas: los referidos a la formación académica y los relacionados con la salud colectiva. Los académicos tienen que ver con las dificultades para garantizar la formación y unos sistemas de evaluación justos. Los de salud, con la posibilidad, en una fecha todavía no determinada, de volver a clase sin bajar la guardia ante la epidemia.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, mantuvo ayer una reunión decisiva con los consejeros homólogos de las distintas comunidades autónomas. De esta reunión surgieron diversos acuerdos, siendo el más relevante que todos los alumnos de enseñanzas regladas no universitarias promocionen. Es decir, que superen el curso y pasen al siguiente. No se descarta que haya algunos repetidores, pero serán pocos.
Las autoridades educativas han hecho hincapié en que esta promoción –de la que quedan excluidos los alumnos de segundo de bachillerato y los que hubieran suspendido los dos primeros trimestres– no debe ser equiparada en ningún caso a un aprobado general. Como su nombre indica, el aprobado general supone que todos los alumnos acceden al siguiente curso con la misma nota: un aprobado. En el caso de la promoción, que es el que nos ocupa, cada estudiante tendrá su propia nota, que se computará a partir de las evaluaciones previas de los dos primeros trimestres, que fueron presenciales, y se podrá además mejorar con las labores a distancia que se efectúen en el tercer trimestre. Quienes lo precisen podrán recuperar alguna asignatura durante el curso siguiente.
Respecto a los universitarios, cabe añadir que en la reunión mantenida ayer por el ministro de Universidades, Manuel Castells, y sus homólogos autonómicos se estudiaron ayudas para garantizar becas a los estudiantes perjudicados económicamente por la pandemia.
Creemos que la solución alcanzada para la enseñanza no universitaria, sin ser perfecta –tampoco lo es la coyuntura–, resulta aceptable. No nos lo hubiera parecido un aprobado general, entre otras razones porque anunciarlo a estas alturas del curso hubiera podido fomentar la lasitud de no pocos estudiantes. Pero es conveniente subrayar dos factores particulares que han concurrido en esta circunstancia y han propiciado una solución salomónica. Uno es la desigualdad digital: se calcula que el 10% –si no más– de los alumnos carece en casa de recursos informáticos para trabajar confinados durante este tercer trimestre, y que hubiera sido injusto que tales carencias fueran a la postre discriminatorias. El otro es que, a su vez, dichas carencias no hubieran justificado un aprobado general que perjudicara a quienes aspiran a las mejores notas.
Además de los problemas académicos están, como apuntábamos al principio, los sanitarios. Ambos aconsejaban una solución como la adoptada. Los sanitarios, porque por mucho que se hubiera acelerado el fin del confinamiento, no hubieran decaído las precauciones de distancia social. Y es obvio que muchos colegios, escuelas y facultades no reúnen las condiciones para volver a clase y respetarlas como es debido.
¿Qué enseñanzas se desprenden de esta crisis educativa? La principal quizás sea que persiste un importante déficit digital en la educación española, sobre todo en la no universitaria. Hay en Barcelona, por ejemplo, escuelas con un desarrollado entorno digital. Pero también hay otras donde la única comunicación posible no presencial es la telefónica. Queda, pues, por delante una gran tarea que realizar.
La gran mayoría de los alumnos no universitarios superarán el curso gracias al acuerdo alcanzado ayer