Si nuestra sociedad no defiende la salud...
La actual pandemia de la Covid-19 ha puesto en evidencia los problemas de nuestro sistema sanitario, ha manifestado algunas improvisaciones y errores en la actuación de los gobernantes y también ha mostrado la notable confusión informativa que se puede llegar a crear en la sociedad mejor informada de la historia. La lamentable experiencia de las dos últimas pandemias sufridas por nuestro país, la del cólera de 1885 y la de la gripe de 1918-1920, nos tendría que servir para tener bien presente que la defensa de la salud pública tiene que ser una prioridad política esencial.
En los dos casos mencionados, la actuación de las autoridades fue tardía e, inicialmente, se tendió a ignorar la existencia y la gravedad de la pandemia. Si bien entonces se hicieron patentes las grandes limitaciones de los conocimientos médicos y las carencias del sistema hospitalario, lo más grave, a mi parecer, fue la actuación de los gobernantes, que enseguida quisieron olvidarse del desastre. Ni el año 1885, ni tampoco en 1918-1920, hubo ningún debate parlamentario sobre aquellas pandemias, ni se hizo un balance de la actuación de los gobiernos, ni se produjo una reflexión sobre los grandes déficits del sistema sanitario, ni se sacaron lecciones de cara el futuro. Y pronto los gobiernos encontraron otras temáticas para que se dejara de hablar de los millares de víctimas.
En el año 1885 se produjo la última gran epidemia de cólera en España, que provocó unas 150.000 víctimas –el país tenía 17 millones de habitantes–. La reacción del ministro de la Gobernación, Romero Robledo, entonces responsable de la sanidad, fue tardía –tardó dos meses en reconocer su existencia– y sus directrices fueron similares a las que se tomaban durante la edad media: aislamiento de las casas y barrios afectados, reclusión de los enfermos en hospitales provisionales a las afueras de las ciudades, etcétera. Y, además, prestó poca atención a la opinión de los expertos. El incompetente Romero Robledo llegó a prohibir la campaña de vacunación masiva que había iniciado en el País Valenciano el doctor Jaume Ferran y que se mostraba altamente eficaz.
El hecho de que la epidemia coincidiera, en agosto de 1885, con la ocupación de las islas Carolinas, unas pequeñas colonias españolas del Pacífico, por la Marina alemana, provocó una ola de manifestaciones patrióticas de protesta. La prensa se abonó con vehemencia y dejó de hablar del cólera, y mucho más después del 25 de noviembre, cuando murió el rey Alfonso XII. Tanto el gobierno Cánovas como el posterior de Sagasta se beneficiaron de estos hechos para conseguir que el cólera dejara de ser un tema de relevancia y recurrieron a la vieja tesis de la catástrofe inevitable, y a que, de hecho, los españoles ya estaban acostumbrados a “malvivir y a morir fácilmente”.
El segundo caso, la mal llamada gripe española, se manifestó entre marzo de 1918 y la primavera de 1920, afectó a unos ocho millones de españoles, un 40% de la población, y causó unas 260.000 víctimas. José García Prieto, ministro de la Gobernación del gobierno nacional presidido por Antonio Maura, fue incapaz de prohibir las madrileñas fiestas de San Isidro, hecho que provocó un contagio masivo de gripe en la ciudad –10.000 muertos en tres meses–. El gobierno, sin embargo, consiguió que la prensa dejara de hablar de la gripe imponiendo la censura militar, gracias a la declaración de estado de guerra del mes de agosto. Después fue la misma prensa la que dio prioridad al fin de la Gran Guerra (11 de noviembre), a la campaña pro autonomía catalana (noviembre 1918-febrero 1919) y a la huelga de La Canadiense (febrero-marzo 1919). Tampoco entonces hubo ningún debate parlamentario sobre la gripe, ni ninguna exigencia de explicaciones en el gobierno. Y lo que es aún más grave, aquella pandemia desapareció de la memoria oficial. Aquella gripe, que provocó en España la mortalidad mayor del siglo XX –junto con la Guerra Civil–, no sale explicada en los libros de historia, ni tampoco está mencionada en las memorias de los ministros de aquel gobierno: Cambó, Romanones, De la Cierva o Alba. Porque dar cuentas de aquel desastre obligaba a admitir que en España había un sistema sanitario muy deficiente y reconocer que la defensa de la salud no era una prioridad política: el gasto público en sanidad era hacia el año 1910 de unos 18 millones de pesetas, la décima parte del presupuesto del Ministerio de Guerra y la mitad del dedicado a “Culto y Clero”.
La actual pandemia, que se ha extendido rápidamente gracias a la globalización, nos ha encontrado con un sistema sanitario y unos conocimientos médicos incomparablemente mejores. Y si bien los gobiernos y las instituciones políticas ahora han actuado tomando medidas excepcionales, ha habido errores, excesos de seguridad iniciales y descoordinaciones. Tengo mis dudas, vistas las divergencias políticas existentes, sobre si nuestra sociedad será capaz, una vez superada la pandemia y a pesar de la crisis económica que se derivará, de priorizar el reforzamiento de la vida democrática, el enderezamiento el Estado de bienestar y la defensa firme de que la salud de los ciudadanos no puede ser omitida, como ha pasado la última década. Nos jugamos mucho, la vida; o mejor dicho, muchas vidas.
En las pandemias del cólera y la gripe, los gobernantes enseguida quisieron olvidarse del desastre