Italia quiere regularizar migrantes para las cosechas
Un cuarto de la producción, en riesgo por las restricciones
Está a punto de comenzar otra temporada de cosechas en Italia, pero los campos tampoco se salvan del coronavirus. “Un cuarto del producto Made in Italy está en riesgo”, advierte Romano Magrini, responsable de trabajo de Coldiretti, la mayor asociación de agricultores en Italia. Unos 200.000 jornaleros estacionales que vienen cada año desde países del este de Europa como Polonia, Rumanía o Bulgaria no pueden llegar por las restricciones provocadas por la Covid-19. Se necesitan entre 270.000 y 350.000 jornaleros para que no se desperdicie nada en la cadena alimenticia italiana.
Asegurar las cosechas es otra urgencia en pandemia. Por eso, el Gobierno italiano está planeando regularizar a miles de inmigrantes para que puedan trabajar “en sectores determinados como la agricultura”, ha señalado la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, y suplir así la mano de obra perdida por el virus.
Según los cálculos de Giovanni Minnini, secretario general del sindicato FLAI-CGIL, quienes tendrían derecho a obtener el permiso de residencia –siempre sujeto a un contrato de trabajo– serían unos 200.000 de los 600.000 migrantes en situación irregular que se encuentran ahora mismo en este país.
Muchos de ellos ya trabajan en agricultura, pero sin papeles. Cobran entre 20 y 30 euros al día –menos
de la mitad del salario legal en Italia–, explotados por un capataz, que suele ser otro migrante o italianos locales que les van a buscar directamente a los guetos donde viven en Foggia, en la región de Apulia, o entre la miseria de las barracas de Rosarno, en Calabria. Les llevan a los campos cargados en furgones y se quedan con parte del dinero del patrón. La mayoría no tienen derecho a vivir y trabajar en Italia y no se atreven a denunciar, se quedarían sin sustento. Es una práctica establecida en el país pero ilegal, que la ONU ha tachado de esclavitud moderna. En muchos casos las jornadas se alargan hasta las 12 horas. Siempre con el mismo sueldo.
El miedo ahora es doble: no sólo que se pierdan las cosechas, sino que, además, el crimen organizado aproveche la situación de emergencia para infiltrarse todavía más en el sector agrícola. “Es obvio que si no regularizamos pronto a los trabajadores, las mafias se aprovecharán. El estado debe actuar rápido, si no será una oportunidad para ellos”, avisa Minnini.
El sindicalista se refiere a lo que en Italia se llama agromafia, un fenómeno contra el que también quiere luchar la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, quien en el Senado italiano presentó su propuesta para regularizar a parte de estos migrantes. “O es el Estado quien se hace cargo de la vida de estas personas o será el crimen quien se aproveche de ellos”, avisó Bellanova, que empezó a trabajar ella misma como jornalera por cuatro duros en su adolescencia. Fuentes del ministerio dicen que están trabajando activamente en la propuesta pero todavía no tienen plazos para que se haga efectiva. “Es fundamental en esta fase de emergencia que se regularice a los extracomunitarios que reciban ofertas de trabajo”, insistió la ministra.
Sin embargo, desde Coldiretti advierten que la regularización no solucionaría la falta de jornaleros para las cosechas inminentes. “Si tiene que convertirse en ley esto podría tardar varios meses”, vaticina Magrini. La asociación reclama al Gobierno que permita “corredores” para que puedan llegar los trabajadores del este y favorezca que italianos sin trabajo en otros sectores afectados, como el turismo, acudan a dar una mano en los campos.
Según los cálculos de un sindicato, alrededor de 200.000 personas en situación irregular podrían tener papeles