Marlaska defiende la persecución de bulos bajo una borrasca de reproches
El ministro niega que haya vigilancia política o límites a la libertad de expresión
La crónica de la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-marlaska, ante la comisión correspondiente del Congreso estaba escrita desde que el domingo el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, deslizara el mensaje de que la tarea de cibervigilancia del cuerpo consistía en monitorizar mensajes desafectos a las instituciones. Desde entonces la borrasca no ha dejado de cargar agua en el océano de las revelaciones que confirman que lo de Santiago no fue un lapsus ni un error de comunicación, y si lo fue, era recurrente, pues la circular que remitió 48 horas antes a las comandancias y que se conoció el martes, decía exactamente lo mismo.
Para calentar más el ambiente de sospecha, Eldiario.es revelaba que entre esos mensajes vigilados sí hay contenido político, concretamente procedente, al menos, de las formaciones Vox y EH Bildu. Así que cuando el ministro se sentó a mediodía en la comisión, la nube sobre su cabeza ya tenía la forma de yunque níveo, gigante y rollizo que revela que van a caer chuzos de punta. Como poco.
Cuatro horas y media de chubasco. “No hay persecución política, que no la hay; lo he dicho por activa y por pasiva”, llegó a decir el ministro, que niega toda insinuación de que las fuerzas del orden puedan estar vigilando la opinión política y limitando la libertad de expresión de los ciudadanos. Pero las sospechas sobre cómo enfocan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el control de los bulos han generado muchas suspicacias entre las fuerzas políticas que avalaron la investidura y críticas desaforadas en la oposición. “La vigilancia de la desinformación está en la propia estrategia de seguridad nacional, en la nuestra y en la de muchos países”, explicaba el ministro sobre la monitorización de la actividad de las informaciones y opiniones que se mueven por las redes sociales.
El objetivo del dispositivo puesto en marcha por el Ministerio del
Interior al declararse el estado de alarma “es garantizar la seguridad de todos”, y no perseguir las informaciones críticas con el Gobierno. Una y otra vez se defendió Grande-marlaska de las acusaciones de censura o control de la información política que le lanzaban PP y
Vox, aduciendo que, desde el principio, el objetivo de los dispositivos policiales es la persecución de bulos y estafas amparados en la pandemia que supongan un riesgo para la salud pública, causen alarma social o sean delito de fraude o estafa. Puso varios ejemplos del tipo de bulos que el Gobierno trata de monitorizar para desmentirlos:
“Invitan a los ciudadanos a no acudir al sistema de salud público porque está colapsado” o “afirman que no vale la pena ir a comprar mascarillas porque las farmacias están desabastecidas, cuando eso no es verdad”. “¿Qué hacemos entonces? ¿Lo dejamos pasar?”, preguntó a los diputados. Los derechos de toda la ciudadanía, explicó, están garantizados, “los que no tienen derecho son los que ponen en riesgo nuestra salud con los bulos”. Nada de esto convenció a PP y Vox de que el Gobierno no está poniendo en marcha un sistema de “censura política” aprovechando el estado de alarma.
Las críticas de sus socios de investidura vinieron más bien por los “excesos policiales” durante el confinamiento y la aplicación de la ley mordaza, en un momento de particular indefensión de la ciudadanía. Sobre las casi 700.000 sanciones impuestas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los más de 6.000 detenidos de los que informó a las Cortes, Marlaska negó que se estuviera abusando de la ley de Seguridad Ciudadana –cuya derogación confirmó, pero para después de la pandemia– y subrayó que, repartidas por provincias y para los días de confinamiento, no se trata de cifras muy altas. Además, añadió, muchas de ellas responden a casos de reincidencia. Respecto a la discrepancia con la Abogacía del Estado sobre cómo se aplican las sanciones, Grande-marlaska señala que a su entender se están tramitando de la forma correcta.“pero me puedo equivocar”, admitió.
DESMENTIDO
“No hay persecución política, lo he dicho por activa y por pasiva”, dice el titular de Interior
CRÍTICAS
PP y Vox denuncian “censura” y los socios de investidura reprueban los “excesos policiales”