Expediente contra Cabify por reparto de mercancías

La Comunidad de Madrid abrió ayer expediente sancionador contra Cabify por reparto fraudulento de mercancías a través de su filial Prestige and Limousine. La Consejería de Transporte sostiene que la empresa debería cesar este servicio, llamado PYL Envíos, porque no tiene licencias ni vehículos autorizados para llevarla a cabo. La Comunidad de Madrid sostiene la misma tesis que el sindicato CC.OO. que, a principios de esta semana, interpuso denuncias ante la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento pidiendo el cese del servicio. “Los vehículos VTC tienen licencia para transportar personas y no mercancías. El nuevo servicio de Cabify es un fraude y ocasiona competencia desleal contra empresas de reparto de mercancías”, comentó ayer Mario Martín, secretario general del sector de la carretera de CC.OO.

Cabify podría afrontar una sanción muy grave y una multa de hasta 6.000 euros. Ayer, la start-up madrileña anunció en un comunicado que formulará alegaciones. “Tras recibir un primer requerimiento el 8 de abril nos adaptamos a las exigencias. La nueva acción nos parece arbitraria y desproporcionada. Hemos creado este servicio para hacer frente a las necesidades de la población en situación de confinamiento”, comentaron fuentes de la empresa. Su competidora Uber también ha sido denunciada por activar semejante servicio en Sevilla. La asociación Élite Taxi interpuso una demanda esta semana ante la Administración al considerar que el servicio es “ilegal e intrusivo” porque vulnera la normativa sectorial de transporte de mercancías y la reglamentación técnico-sanitaria del transporte de alimentos.