Crítica unánime de la oposición a la gestión de las residencias
El conseller El Homrani se escuda en la “complejidad” de una crisis que es global
Todos los diputados empezaban ayer sus respectivas intervenciones con un recuerdo a las víctimas del coronavirus. Segundos de tregua con palabras de ánimo y solidaridad a víctimas y familiares que, en los partidos de la oposición, dieron paso a una contundente crítica unánime a la gestión que el Govern está llevando a cabo de las residencias para mayores durante la pandemia.
En el centro de la diana el conseller de Afers Socials, Chakir el Homrani. De hecho, fueron varias las voces en la oposición que aplaudieron el traspaso de competencias de este departament al de Salut que el Govern acabó acordando el 8 de abril. “Ya lo reclamábamos antes”, recordó el PSC, que tachó de “desastrosa” la gestión realizada por Afers Socials. “La sensación es que se perdió un mes, es una emergencia sanitaria y lo tiene que gestionar Salut”, enfatizaron los comunes.
Pese a todo, y a juicio de la oposición, bajo el timón de Salut siguen constatándose carencias. El diputado socialista Raúl Moreno reclamó más agilidad en los traslados de residentes afectados a centros hospitalarios. “No puede ser que una persona con síntomas en casa tenga más posibilidades de ir al hospital que si está en una residencia”, afeó.
La opinión generalizada que compartieron desde la CUP a Cs, es que hoy el Govern paga los déficits estructurales en servicios sociales, obsoletos ante una crisis de la magnitud del coronavirus. “Llevan años destinando migajas a la protección social”, recriminó la diputada naranja Noemí de la Calle, tras señalar que la Generalitat acumula 14 años sin actualizar la cartera de servicios sociales. “Las consecuencias de esta crisis no vienen sólo del coronavirus, sino de los graves recortes en sanidad y servicios sociales”, agregó la CUP. Su diputado Carles Riera llamó a la asunción pública de servicios residenciales y sanitarios de titularidad privada y reprochó que de los polvos de ver los servicios sociales “como un negocio” vienen los lodos que sufre hoy la Generalitat. En una línea similar se expresaron los comunes, que, pese a admitir que “ningún gobierno estaba preparado”, también apuntaron que se está pagando el peaje “de un servicio mercantilizado que ha sufrido los recortes de gobiernos populares y convergentes”. “Y que no ha revertido ERC en cinco años”, añadió la presidenta de su grupo parlamentario, Jéssica Albiach. “Era el eslabón más débil, aprendamos la lección y no repitamos errores”, zanjó, invitando a un cambio de modelo que en cierta medida compró el conseller El Homrani: “Hace falta una reflexión profunda, en esto estoy de acuerdo”.
Aún así, el titular de Afers Socials pidió “honestidad” a sus críticos para “admitir la complejidad y dureza de una situación que se vive este país y en todo el mundo”. Incluso fue más allá y tras negar parálisis en el Ejecutivo catalán vertió culpas hacia el Gobierno central por la centralización de competencias y falta de inversión en dependencia. “La Generalitat tomó decisiones rápidas, una semana antes que otros territorios”, reivindicó.
Roces por las residencias al margen, el Govern convalidó ayer varios decretos de medidas económicas para hacer frente al coronavirus con variopintos apoyos entre la oposición. Por ejemplo, el decreto de medidas asistenciales, presupuestarias, financieras, fiscales y de contratación pública –con el apoyo de todo el arco parlamentario a excepción de la abstención del PP y el no de la CUP–, el decreto de medidas para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la pandemia –que salió adelante con las únicas abstenciones de PSC y PP–, o uno de contratación pública, salud, gestión de residuos y transporte público donde el Govern sólo sumó a Cs, mientras el resto se abstenía y la CUP votaba en contra.
El Govern cosechó apoyos de muy distinto signo político para convalidar decretos por la pandemia