Tratamientos: ¿para quién?
La pandemia de la Covid-19 no entiende de fronteras, pero tiene un claro foco de desigualdad. Mientras los países ricos cuentan con sistemas de salud más robustos, en África o América Latina muchos países carecen de medios y de sistemas públicos sólidos, falta personal especializado y tienen serias dificultades para confinar a una población que vive al día, a veces sin acceso a agua potable para lavarse las manos. En esta crisis, la solidaridad con las personas más vulnerables es un deber moral y ético que, además, opera en nuestro propio interés; solo venceremos y evitaremos nuevos brotes con una respuesta mundial que incluya a todas las personas.
Esta idea llevó hace décadas a la creación de organismos multilaterales como la OMS y, más recientemente, de otras organizaciones que ahora se han movilizado de inmediato: la Alianza Mundial por la Vacunación (Gavi) está flexibilizando sus fondos para reforzar los sistemas de salud; el Fondo Mundial para la lucha contra el sida/vih, la tuberculosis y la malaria permite a los países utilizar parte de sus subvenciones para proteger a las comunidades vulnerables; Unitaid, que financia proyectos innovadores para un acceso equitativo a la salud, invierte en diagnósticos y tratamientos.
Pero debemos ir más allá. Cuando tratamientos y vacunas estén disponibles deben ser accesibles para todas las personas, en todas partes y al mismo tiempo. No podemos esperar a que aparezcan los tratamientos en los países del Norte para empezar a negociar su precio para los países del Sur, como ocurrió con el VIH. Estas circunstancias excepcionales exigen una respuesta excepcional. El acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual contempla que los estados recurran a licencias para permitir la producción de tratamientos, especialmente en caso de pandemia. Esto es justo lo que proponemos: partir de esta base para dar un paso más. Pedimos a los gobiernos e instituciones que contribuyen al desarrollo de medicamentos, vacunas o tecnologías contra la Covid-19 que en sus acuerdos con las industrias establezcan el compromiso de compartir sus derechos de propiedad intelectual debido a un principio de urgencia. Hablamos de compartir, no de renunciar. Se trata de que los estados pidan algo a cambio de la inversión masiva de dinero público: que las empresas cedan sus licencias sin limitación geográfica a una estructura global que garantice la producción y acceso.
No es utópico. Hace diez años, Unitaid creó un fondo común de patentes que permite a las farmacéuticas ceder sus derechos de forma voluntaria. Este modelo ha hecho posible fabricar genéricos que benefician a millones de personas, incluyendo a las que viven con VIH. Pero hubo que esperar diez años para que los tratamientos llegasen al Sur. Ahora debemos actuar de inmediato. Países como Alemania ya han votado resoluciones en este sentido y hay una parte del sector privado dispuesta a colaborar. Apelamos a los gobiernos de la Unión Europea, del G-20 y a las instituciones internacionales a comprometerse. El mundo necesita más que nunca su liderazgo para salvar vidas, para salir de esta crisis y para prevenir las que vendrán.
Cuando las vacunas estén disponibles deben ser accesibles para todas las personas, en todas partes y a la vez