A propósito del principio de subsidiariedad
Uno de los debates que está suscitando la crisis del coronavirus en el plan político gira en torno al principio de subsidiariedad. La habitual tensión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas se ha visto incrementada de manera particular a partir de la declaración del estado de alarma que, en la práctica, ha limitado la capacidad de decisión de las comunidades autónomas en favor del Gobierno central.
Es bien sabido que el modelo territorial de España se acerca más al modelo federal, sin recibir el nombre y sin disponer de todos sus instrumentos (por ejemplo, de una verdadera cámara territorial), que en el modelo de un Estado centralizado como, por ejemplo, el francés.
Esta tensión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, aunque con matices, va más allá de la coincidencia o no de los colores políticos de unos y otros y también (¡atención!) de las sensibilidades de cada uno de los territorios. Fijémonos que no son sólo vascos, gallegos y catalanes los que reclaman el retorno de la capacidad efectiva de decidir sobre lo que tiene que ser el proceso de desescalada del confinamiento, sino que también lo reclaman gobiernos autonómicos dirigidos tanto por el PP, como por el mismo PSOE, con coaliciones con terceros o sin. Unos y otros lo hacen apelando al principio de subsidiariedad: la proximidad, dicen, otorga a las comunidades autónomas un mejor conocimiento de la realidad.
Una evidencia que, sumada a la distribución competencial propia de nuestro modelo de Estado, les da razones sólidas.
Por todo ello, la lógica nos lleva a pensar que, más pronto que tarde, las comunidades autónomas tendrán que tomar parte muy activa en la toma de decisiones sobre la desescalada, como también lo tendrán que hacer los ayuntamientos. Una realidad que en ningún caso tiene que disminuir ni la capacidad ni la responsabilidad que el Gobierno tiene sobre una cuestión tan relevante como la salud pública. Pero el principio de subsidiariedad aporta otra perspectiva que va más allá de la distribución de competencias (de poder) entre los diferentes niveles de gobierno, desde el europeo, hasta el municipal, pasando por el estatal y el autonómico. Una perspectiva que, desgraciadamente, poco tenemos en cuenta. El principio de subsidiariedad comporta, también, el respeto que los poderes públicos tienen que tener hacia la sociedad civil en sus diferentes expresiones, sean estas familias u otros tipos de entidades intermedias.
Reivindicar esta perspectiva será importante en la salida de la crisis de la Covid-19. Se avista una corriente de pensamiento que, haciéndose eco de los estragos de un sector privado únicamente sometido a las leyes del mercado, defenderá la primacía de lo público, sin entrar en ningún otro tipo de consideración. Ante esta realidad, me confieso firme defensor de la máxima “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como haga” falta, la traducción práctica de la cual es la llamada economía social de mercado. Un modelo económico que, huyendo tanto de los postulados ultraliberales, como de los intervencionistas, concilia lo mejor del Estado, al cual asigna el papel de regulador en defensa de nuestros derechos, con lo mejor del mercado, como mecanismo capaz de crear riqueza y oportunidades. Un modelo que se abre, por ejemplo, a la concertación público-privada en el terreno de la prestación de servicios, reservando para el Estado la potestad reguladora, entendida no como posibilidad, sino como exigencia.
La lógica de la economía social de mercado se interpone, así, a las visiones extremas del intervencionismo y del ultraliberalismo y persigue el bien común sobre dos premisas: la defensa de la igual dignidad de todas las personas y el respeto por su libertad con responsabilidad.
Más pronto que tarde, las autonomías deberán tomar parte muy activa en la toma de decisiones sobre la desescalada