La pandemia marcará la residencia del futuro
La primera comisión del Parlament sobre la realidad de los geriátricos confirma el drama de la Covid-19 con los mayores
El tema residencias ha llegado al Parlament en formato de comisión. Pero no ha sido –eso ya vendrá después– para buscar respuesta al drama vivido en esos centros los últimos dos meses ni para pedir explicaciones a los responsables de velar por el buen funcionamiento de los geriátricos. La primera comisión monotemática sobre el asunto en esa cámara (fue ayer vía telemática) responde a una petición de finales de enero para debatir sobre la mejora en la calidad de vida de la gente mayor.
Nadie podía prever entonces el drama que acechaba a las residencias por los estragos de la Covid-19. Así que esta comisión parlamentaria no era para hablar de lo que se ha hecho bien o mal. Aunque sí sirvió para que todos los grupos políticos coincidieran en una cosa. La pandemia ha destapado las carencias y vulnerabilidad del actual modelo de asilos y hay que trabajar, desde ya, para cambiarlo con una estrategia y políticas que no primen el negocio y la riqueza al bienestar y seguridad sanitaria de los usuarios.
Sumar, una empresa pública con 700 trabajadores y especializada en la gestión y servicios destinados a la gente mayor, fue la invitada estelar a esa comisión para ilustrar a los políticos sobre cómo tendría que ser la residencia del futuro. Y no defraudó. Al menos en mensaje. Elisenda Serra, responsable de innovación en Sumar, apostó por geriátricos que rehúyan del actual modelo basado, según ella, en el criterio de “limpios, hartos y pulidos”. O dicho con otras palabras: Una residencia debería ser un espacio, al margen de la limpieza y comida, concebido para atender y proteger al usuario. “Hogares para vivir y no destinos para morir”, afirmó en esa comisión Estanis Vayreda, director general de Sumar.
Elisenda Serra insistió en que la gente mayor “tiene todo el derecho del mundo a decidir cómo quiere envejecer”. Y si acaba en una residencia, “ese centro debería ofrecerle lo mismo que tendría en su casa”. Algo impensable ahora con un modelo controlado por empresas privadas que sólo buscan beneficios con esa actividad.
Serra afirmó (Sumar gestiona seis residencias en las que aplica esta política) que el usuario de un geriátrico tiene que poder decidir “a qué hora se levanta, qué actividades le interesan o no, disfrutar de una habitación individual o que nadie limite el horario de visitas, como ocurriría si viviese en su casa”. Todo eso cuesta dinero y ese modelo futuro de residencia precisa, por lo tanto, de la máxima ayuda de las administraciones.
Estanis Vayreda apuntó que una fórmula idónea para conseguir ese trato personalizado en las residencias pasa por redistribuir espacios. “Un centro de cien plazas, con grandes salas comunes, tendría que reformarse como si fueran media docena de residencias diferentes”. Eso habría evitado muchos de los contagios por coronavirus.
El director general de Sumar no negó en esta comparecencia virtual en el Parlament que la pandemia se ha cebado por falta de medios con las residencias. La Covid lo ha tenido muy fácil para propagarse en espacios que no estaban preparados para combatir un virus de estas características. “Ahora lo haríamos todo mejor, hemos aprendido la lección, pero lo cierto es que en todas las residencias hemos tenido que buscarnos la vida estas últimas semanas. Todo el mundo ha hecho lo que ha podido”, reveló Estanis Vayreda, sin señalar culpables.
Las intervenciones en el Parlament corroboraron otra realidad. El olvido de unos profesionales (las personas que trabajan en las residencias) que han seguido con su trabajo sin protección y con sueldos que raras veces pasan de los mil euros.
Políticos y entidades relacionadas con asilos coincidieron en una cosa: la precariedad del trabajador social