Crisis constitucional
Vitriólica sentencia del Tribunal Constitucional alemán. Primero, por la enorme trascendencia económica del contenido sobre el que falla, la legalidad o no de la compra de deuda pública del BCE. Además, abre un cisma político en la propia Alemania, al cuestionar la complacencia de los gobiernos de Angela Merkel y del Bundesbank, el banco central, con la política de Mario Draghi, descuidando los intereses del Estado y atribuyéndoles haber dañado los intereses económicos de los ahorradores, los propietarios y las empresas de Alemania.
También porque desata una crisis constitucional en el corazón de Europa, al afirmar que “el Tribunal Constitucional Federal no está obligado por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [que en diciembre del 2018 consideró legal la política del BCE], sino que debe realizar su propia revisión para determinar si las decisiones del Eurosistema (...) permanecen dentro de las competencias que le confiere el derecho primario de la UE”. Otra perla más contra el Alto Tribunal de la Unión: al aprobar las compras del BCE, “excede el mandato judicial que le confiere el artículo 19 del tratado de la UE”. Un inaudito desafío en toda regla, desarrollado in extenso a lo largo de las 94 páginas de la sentencia, al Tribunal de Luxemburgo.
La alta magistratura alemana coloca asimismo al borde del abismo las negociaciones del fondo de recuperación económica que se negocia en Bruselas, estrechando aún más el margen para la reivindicación de Italia, España y Francia de recibir financiación de sus socios a fondo perdido para evitar inundarse en un mar de deudas. Una Merkel de retirada política y asediada por su Tribunal Constitucional no dispondrá de apenas margen para atender esas exigencias, en un clima de renovada presión política doméstica.
El fallo retrata hasta qué punto la crisis del euro, de la deuda, de nuevo activa por el virus, ha infectado el ambiente en amplios sectores de la opinión pública alemana, también sus élites, de las que el tribunal forma parte. La otra cara del euroescepticismo populista de países del sur como Italia.
Una sentencia que cuestiona desde todos los ángulos posibles, incluso contradictorios entre sí, la compra de deuda pública de la eurozona por el BCE, atribuyéndole una larga lista de consecuencias económicas. En algunos casos se intuye que positivas: “Afecta al sector de la banca comercial al transferir grandes cantidades de bonos gubernamentales de alto riesgo a los balances del Eurosistema, lo que mejora significativamente la situación económica de los bancos relevantes y aumenta su calificación crediticia”.
Pero también parece destacar otras negativas, pues “los efectos (...) incluyen además su impacto económico y social en prácticamente todos los ciudadanos, que se ven afectados al menos indirectamente, entre otros, como accionistas, inquilinos, propietarios de bienes raíces, ahorradores o asegurados. Por ejemplo, hay pérdidas considerables para el ahorro privado”, en un posible guiño a los lamentos de las clases medias germanas por el nulo rendimiento de sus depósitos bancarios, antaño fuente de regulares rentas. El fruto del ahorro. Los jueces constitucionales alemanes parecen pensar que existe alguna política monetaria sin consecuencias. Que es posible bañar al niño sin mojarlo.
La sentencia carga contra el BCE, el Gobierno alemán y el Bundesbank y contra el orden judicial europeo
Su hilo argumental tampoco descuida el interés por la competencia empresarial. “Además, a medida que [el programa de compras] baja las tasas de interés generales, permite que las empresas económicamente inviables permanezcan en el mercado. Finalmente, cuanto más tiempo continúe el programa y más aumente su volumen total, mayor será el riesgo de que el Eurosistema se vuelva dependiente de la política de los estados miembros, ya que ya no puede simplemente terminar y deshacer el programa sin poner en peligro la estabilidad de la unión monetaria”.
El Constitucional alemán se centra en programas de compras del BCE hasta noviembre pasado, de nada menos que 2,5 billones de euros. Pero también aprovecha para lanzar varios potentes torpedos contra la línea de flotación del actual plan de compras contra la pandemia, sobre el que aún no ha recibido denuncias, al poner de relieve la importancia de que las compras respeten el peso económico de cada país y no rebasen un tercio de la deuda de cada uno de ellos. Justo los límites que el nuevo programa ha levantado. Mal presagio.