Laura Borràs
Portavoz de Jxcat en el Congreso
La Sindicatura de Comptes ha concluido que la Institució de les Lletres Catalanes fraccionó al menos cinco veces contratos menores para un mismo adjudicatario y objeto, con Borràs al frente de la entidad, entre el 2016 y el 2018.
La Sindicatura de Comptes ha señalado numerosas deficiencias en la gestión económica de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en el ejercicio 2018, el último en el que estuvo la portavoz de Jxcat en el Congreso, Laura Borràs, al frente –renunció el 17 de enero para ser diputada del Parlament–. Entre ellas, confirma que se fraccionaban contratos para adjudicarlos sin concurso público, práctica por la que Borràs es investigada por el Tribunal Supremo.
La Sindicatura identifica en un informe hasta siete adjudicatarios que entre el 2016 y el 2018 recibieron varios contratos menores, esto es sin concurso público e inferiores a 18.000 euros –entonces, el límite–. Y en cinco de estos casos señala “reiteración del objeto de los contratos”, por lo que la auditora considera que “se incumplieron” dos artículos de la ley de contratación pública y, “en consecuencia, hubo fraccionamiento de la contratación”. En total, los cinco adjudicatarios suman 147.000 euros entre el 2016 y el 2018.
Entre ellos está Isaías Herrero, informático amigo de Borràs que motivó la investigación del TS por prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental. La investigación del TS incluye una mayor horquilla temporal, entre el 2013 y el 2017, con hasta 18 contratos con un valor total próximo a los 260.000 euros que el empresario habría fraccionado por orden de Borràs para no superar el límite de 18.000 euros. A la espera del suplicatorio, la portavoz de Jxcat siempre ha defendido su gestión y denuncia una persecución política.
Al margen del fraccionamiento de contratos, la Sindicatura también alerta de que la gestión de la ILC parecía saneada cuando en realidad era deficitaria con un pasivo infravalorado de más de un millón de euros.
En el mismo informe se incorporan las alegaciones de la ILC, a través de su actual director, Oriol Ponsatí-murlà, donde expresa su “desacuerdo” con la Sindicatura en los cinco casos señalados, justificando que se trataba o bien de objetos contractuales diferentes u objetos recurrentes pero en ejercicios presupuestarios distintos. Las alegaciones fueron rechazadas y el informe aprobado por unanimidad.
Borràs apuntó ayer que su abogado, Gonzalo Boye, usará el informe de la Sindicatura en la causa del TS porque, a su juicio, “manifiesta que los contratos investigados no han constituido delito”. El letrado enfatiza que la auditoría se basa en la ley vigente desde mediados del 2018 para contratos del 2016 y el 2017. “Y, en todo caso, nunca calificándolos de delictivos”.
La auditoría incluye adjudicaciones a Isaías H. que abrieron la investigación penal en el Supremo