Negociar para desescalar
La prolongación del estado de alarma, la cuarta, fue aprobada ayer en las Cortes gracias a una combinación de apoyos parlamentarios atípica, acorde con la excepcionalidad que viven España y el resto del mundo, aunque lejos de la unidad que se proclama ante la gravedad de la situación. En otros países, los debates han sido menos acalorados. No somos alemanes. Aunque tampoco hay que idealizar. Ayer mismo, el flamante líder de la oposición británica, el laborista Keir Starmer, acusó al premier Boris Johnson de haber actuado tarde y mal.
Lo cierto es que el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez consiguió su objetivo gracias al apoyo clave de Ciudadanos y el PNV. Ha primado la sensatez porque las cifras y los índices de la Covid-19 en España aconsejan la prolongación por dos semanas más de medidas extraordinarias que, sobre todo, evitan la entrada en territorios desconocidos de la vida pública. Si los ciudadanos ya se quejan ahora de cierta confusión, los políticos deben trabajar para no aumentarla durante el proceso de desescalada. Dicho esto, la votación de ayer es un toque de atención que el Gobierno debería tener presente. El primer estado de alarma recibió 321 votos; el anterior al de ayer, 269, y ahora son sólo 178 votos, suficientes pero reveladores de la necesidad de más músculo, sobre todo cuando España afronta perspectivas económicas y sociales que requieren un consenso amplio. Desde ya.
Como todos los gobiernos democráticos del mundo, el que preside Pedro Sánchez actúa con la inequívoca voluntad de salvar vidas y paliar los estragos. La misión es agotadora, muy compleja y absorbente. La pandemia ha pillado a España en el inicio de una era política nueva, con el bipartidismo enterrado y la obligación de convertir en eficacia el voto de los ciudadanos –la causa de un arco parlamentario muy fragmentado y complejo–. De la oposición se espera lealtad y sentido de Estado en horas cruciales, pero el decrecimiento de los apoyos a la extensión del estado de alarma es un síntoma de que la acción del Gobierno no acaba de aglutinar. No se puede poner en el mismo saco a todos los partidos que se han abstenido o votado en contra porque sería una interpretación simple y muy cómoda para la Moncloa. Es momento de mejorar la coordinación con todas las comunidades autónomas y el diálogo con el PP, pero sin recurrir tan a menudo a la política del fait accompli. A los hechos consumados. En este sentido, cabe destacar la decisión de Ciudadanos, cuyo apoyo a la prolongación del estado de alarma –Inés Arrimadas lo expresó muy claro– dista de ser un aval para el resto de la legislatura. Y los réditos de la ya clásica negociación de última hora del nacionalismo vasco.
Bienvenidas sean las negociaciones porque las posiciones numantinas en tiempos de consensos sólo conducen a la parálisis , con el consiguiente descrédito del sistema democrático. Si hay, por desgracia, un fenómeno colectivo, ese es una pandemia. Tratar de salir de ella cada uno por su lado conduce a un fracaso de todos y sin réditos. El magma de partidos que se opusieron a la extensión es heterogéneo y permite albergar esperanzas al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Difícilmente alterará la opinión del grupo parlamentario de Vox, pero sí puede recuperar apoyos extraviados, caso evidente de ERC, cuya apuesta por el diálogo con el Gobierno merece ser acompasada a la vista de las pulsiones internas del movimiento independentista. La suma de 178 votos ayer no es un suspenso, en absoluto, pero sí un aprobado con opciones de mejora. El momento es crítico para España, que afronta a corto plazo los riesgos del desconfinamiento paulatino –riesgos extensibles a todo el planeta– y, simultáneamente, la destrucción de empleo y la caída del crecimiento y de los ingresos en las arcas del Estado. Todos los partidos están obligados por imperativo moral a tratar de sumar esfuerzos. Corregir es vencer.
El primer estado de alarma recibió 321 votos, ayer fueron 178... corregir es saludable en política