La justicia alemana desafía a la europea

Golpe a la estabilidad financiera europea y a los fundamentos de la integración comunitaria. Eso es lo que supone la sentencia del Tribunal Constitucional alemán contra el masivo programa de compra de deuda pública puesto en marcha por el Banco Central Europeo (BCE) en el 2015 bajo el liderazgo de Mario Draghi para reactivar la economía de la eurozona. La citada alta magistratura ha dictaminado que algunas actuaciones de la institución monetaria europea violan los principios constitucionales alemanes.

El Tribunal Constitucional alemán no tiene jurisdicción sobre el BCE, pero sí sobre su principal socio, el Bundesbank, al que podría llegar a prohibir participar en los programas de compra de deuda pública de la institución. Si eso fuera así, el BCE perdería el 26% de su capacidad financiera, que es la proporción con la que Alemania participa en sus políticas monetarias.

Los magistrados germanos tomarán una decisión definitiva si en un plazo de tres meses el BCE, a través del Bundesbank, no les justifica debidamente que su política monetaria se ajusta estrictamente al cumplimiento de su mandato, que es únicamente velar por la estabilidad de precios en la zona euro, ya que en su sentencia estiman que ha ido mucho más allá de sus atribuciones. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, ha declarado que no habrá problema en demostrar que el BCE no ha violado los límites de su mandato. Pero habrá que ver lo que dice finalmente el tribunal. De momento, sin embargo, se ha suscitado incertidumbre.

El consejo de gobierno del BCE, reunido de urgencia el mismo día que se hizo pública la sentencia, afirmó tomar nota de esta, pero recordó que está bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE, que ya en el 2018 dictaminó que sus actuaciones monetarias, incluidas las compras masivas de deuda, se ajustan a su mandato de velar por la estabilidad de precios. Lo mismo dijo la Comisión Europea. Sin embargo, se ha abierto una crisis institucional –de incalculables consecuencias– que enfrenta a un tribunal nacional, en defensa de las leyes de su país, con las instancias judiciales europeas que velan por el cumplimiento de los tratados comunitarios.

El BCE reafirma que, pese a la citada sentencia, el consejo de gobierno de la institución permanece comprometido en hacer lo que sea necesario para que la inflación alcance los objetivos marcados. Esto comporta –según se interpreta– que seguirá adelante con los nuevos programas de compra de deuda pública de los países de la eurozona para hacer frente a la brutal recesión derivada de la pandemia de la Covid-19.

El problema está en que la incertidumbre financiera y jurídica que se ha creado afecte a la confianza de los mercados en la independencia y capacidad de actuación del BCE , lo que podría reducir la efectividad de sus políticas. De entrada se han tensionado ya los mercados de deuda pública y se empieza a exigir más rentabilidad a los bonos de España e Italia, lo que no augura nada bueno.

España e Italia empiezan ya a pagar más por su deuda pública a causa de la incertidumbre creada