Llueve sobre mojado
Parece asumido por todo el mundo que la lentitud de la justicia es una fatalidad que no tiene solución. La idea de que los asuntos caen en un agujero negro cuando cruzan la puerta de los tribunales está completamente instalada en el imaginario colectivo, y desgraciadamente los datos lo corroboran. Esta situación se acepta con resignación, creyendo que las cosas no pueden ser de otra manera, pero esto no es cierto.
No ha habido ningún ministro de Justicia que no haya propuesto la necesidad de grandes pactos de Estado sobre la justicia para revertir la situación de colapso, pero en la práctica las cosas siguen igual. Probablemente se necesiten algunas reformas profundas, pero también es cierto que se podrían implantar muchísimas medidas que, seguramente, sin ser muy vistosas, contribuirían a aligerar algunas cargas del día a día. Sin embargo, tras haber vivido esta forma de funcionar durante muchos años como abogado y casi dos años como conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, he podido constatar las enormes resistencias a cualquier cambio, por pequeño que sea.
La situación de la administración de justicia en el conjunto de España y también en Catalunya es mala. Al finalizar el año 2019, en los poco más de 600 juzgados y tribunales de Catalunya habían entrado 1.016.800 asuntos y, pese a haberse resuelto 965.000 expedientes, la acumulación de procedimientos que quedaban pendientes de resolver era de casi medio millón. Además, había otros 442.471 asuntos ya sentenciados, en fase de ejecución, tratando de conseguir que se cumpliera lo decidido por los tribunales. Son cifras desbordantes.
Es evidente que una de las razones que explican esta situación es la falta de presupuesto para dotar el sistema judicial con un mayor número de juzgados que puedan atender el volumen de asuntos. Incrementar el número de funcionarios en los juzgados que ya existen, por regla general, no contribuye a que los 800 jueces y magistrados que trabajan en Catalunya puedan dictar más sentencias o celebrar más juicios. Lo que señalan las cifras es que lo que falta son más juzgados. Mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en 19 jueces por cada cien mil habitantes, en España este número no llega a 12 y en Catalunya se queda en 11.
Pero además de los recursos personales, muchos de los problemas que explican el colapso de la justicia son de naturaleza organizativa. Se podría citar muchos ejemplos, pero algunos son particularmente ilustrativos. En un juzgado, además del juez que, en la lógica de separación de poderes, depende del
Consejo General del Poder Judicial, está el letrado de la administración de justicia –antes llamado secretario judicial–, que depende del Ministerio de Justicia; y están los funcionarios de la administración de justicia, que en la mayoría de los casos están gestionados por las comunidades autónomas. Y por otra parte, está el ministerio fiscal, también con un estatuto propio. En estas condiciones, conseguir que con este sudoku exista una coordinación eficiente y productiva es poco más que un deseo.
Otro ejemplo de una organización caduca es la división en partidos judiciales, que se definieron en 1834, junto con la división provincial, y hoy siguen siendo el parámetro para implantar territorialmente los juzgados. Casi dos siglos atrás se planificaron sobre la base de criterios de población y distancias, que obviamente han quedado superados por la realidad de hoy. En Catalunya, existieron los mismos 32 partidos judiciales desde su creación y hasta 1988. Hoy hay 49, que van desde el de Barcelona, con 200 juzgados, hasta el de Gandesa, con uno.
Pero además de los medios y de cuestiones de organización, otro factor que explica que en los juzgados haya más o menos asuntos pendientes son las leyes procesales. Seguro que podrían simplificarse muchos trámites gracias a la tecnología sin lesionar las necesarias garantías que deben tener las partes en litigio. No puede ser, por ejemplo, que se malgasten meses en hacer una simple notificación.
Por otra parte, nuestra cultura para resolver conflictos está muy asociada a la lógica de los tribunales. A diferencia de lo que sucede en otros países, aquí, el arbitraje y la mediación son una vía residual para solucionar las diferencias. Conflictos como las participaciones preferentes, las cláusulas suelo o la multitud de reclamaciones en el ámbito del transporte aéreo no deberían inundar los juzgados si existieran procedimientos más ágiles.
Y, ahora, la onda expansiva del coronavirus también impactará sobre la ya saturada administración de justicia. Con los meses de parón provocado por la crisis sanitaria y un arranque a medio gas, los despidos laborales, concursos de acreedores y reclamaciones de todo tipo van a colapsar todavía más un sistema de justicia anémico. Con los deberes de la digitalización a medias, la justicia se alejará un poco más de los ciudadanos y las empresas.
Esperemos que, más pronto que tarde, se entienda que una justicia eficiente mejora la vida de las personas y aumenta la confianza en la actividad económica. Mientras tanto, llueve sobre mojado.
En los juzgados de Catalunya hay medio millón de asuntos pendientes de resolver