El consejo asesor de Salut pide un nuevo modelo en el control de las residencias
El informe critica la “inhumanidad” inicial al obligar a morir en absoluta soledad
El Consell Assesor de Salut, encargado de repensar y reorientar el modelo sanitario posterior a la crisis por la Covid-19, ha emitido su primer informe, en el que hace hincapié a la falta de previsión de la Administración en el drama vivido en las residencias de ancianos durante las primeras semanas de epidemia.
Los asesores parten de la base de que aún falta perspectiva para evaluar la situación (el Gobierno aún no ha dado una cifra oficial de los estragos causados por el virus en los geriátricos) y valorar lo que se ha aprendido. Pero algunos aspectos sí que están ya claros. Uno de ellos es que los sistemas social y sanitario están tan poco coordinados, que centenares de ancianos que viven en residencias han sufrido una insuficiencia grave en la atención y la situación ha generado una norme angustia hasta que se ha reconducido con la intervención de la asistencia primaria. El fenómeno se repite en otros países, pero en Catalunya, de las 10.785 personas que consta en las funerarias que han muerto por este coronavirus, 3.155 murieron en residencias de ancianos. En España esa cifra se eleva por encima de los 17.000 fallecidos. Fiscalía investiga un centenar de centros.
Por eso recomiendan “abordar las debilidades del modelo de atención residencial manteniendo las competencias del departamento de Salut con la dotación presupuestaria y los recursos humanos y materiales suficientes”. El Sindicato de Enfermería de Madrid ha pedido que las residencias dejen de depender de Asuntos Sociales y pasen a ser competencia de Sanidad. Un salto que Catalunya ya dio, aunque sea de forma provisional, en plena pandemia.
El Consell Assessor de Salut también se muestra crítico con la falta de equipos de protección para los profesionales y cree que, pasada la crisis, debería organizarse un plan de gestión que recogiera en detalle las experiencias vividas para no repetir errores. Pide una mejor gestión de stocks esenciales, incluidos los respiradores, y contar con canales seguros de compra.
La falta de respiradores fue muy criticada por los asesores. Sin protocolos claros, residencias, centros sociosanitarios, equipos de atención primaria y hospitales se situaron frente a consignas de limitación del uso de respiradores y cuidados intensivos. Los documentos de comités de bioética orientaron con mayor o menor urgencia esa falta de información clara y pensada. Pero la angustia generada adquirió unas dimensiones enormes.
Y a eso se le añadió lo que califican de verdadera “inhumanidad”, cuando se prohibió que se pudiera acompañar a la persona que moría. Una condena a la soledad en el final de la vida, sí o sí. El miedo a contagios y la falta de equipos de protección impidieron ese mínimo consuelo al final de la vida. El consejo es muy crítico con esa realidad, que después se corrigió.
Por eso una de las recomendaciones es que se abra un espacio de reflexión “sobre el acompañamiento de las personas institucionalizadas, especialmente en la fase final de la vida, en un contexto de emergencia”, basados en criterios de muerte digna.
En el conjunto del documento se apela a un debate ético para atender muchas de las situaciones angustiosas que han vivido profesionales y ciudadanos con la pandemia. Como fue el caso de la falta de respiradores para los más mayores. Esperan que en el futuro haya protocolos unificados y pautas para conseguir una guía “que incorpore criterios
Recomienda un plan para que no vuelva a faltar material en los asilos y canales de compra seguros
éticos para la atención (...) que tengan en cuenta que en un contexto de recursos limitados, la priorización debe garantizar la equidad y evitar la variabilidad”.
Otra lección aprendida es que muchos profesionales con sobrada experiencia han tenido que enfrentarse a situaciones de muerte y dolor; algo para lo que no fueron formados. Recomiendan reformular esa formación para que tenga en cuenta los valores humanistas, el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación para que puedan “dar respuesta a las necesidades de la población”.
El consejo asesor reclama un reconocimiento con medidas concretas para esos profesionales y un especial cuidado por el sufrimiento emocional y físico que pasará factura al volver a su vida normal.