El BCE en el alambre
Dado el actual momento, en el cénit de la crisis del coronavirus, con la mayor parte de la actividad aún paralizada y el Estado asumiendo la nómina y los gastos generales de una parte notable del país a costa de un endeudamiento disparado, no hay asunto económico de alcance más general que el futuro del programa de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE). De el depende la viabilidad del Tesoro de seguir emitiendo con un coste de interés muy bajo la deuda con la que el Estado cubre las cotizaciones de los ERTE, indemniza a los autónomos, financia los gastos sanitarios extraordinarios para hacer frente al virus y, dentro de poco, abonará la futura renta mínima de inserción. Todos gastos sobrevenidos, imprevistos, que solo se pueden financiar con déficit, es decir gastando por encima de lo que se ingresa. Y esto no ha hecho más que empezar.
Por eso, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, cargando contra las compras de deuda de la institución que preside Christine Lagarde, tiene una importancia capital para el futuro inmediato de los países más golpeados por la pandemia y con menor margen fiscal para actuar. En primer lugar Italia y España, pero también Grecia e incluso Francia.
Más allá de los debates jurídicos que suscitará y de los calendarios de aplicación del fallo, que da tres meses para que el BCE justifique su política de compras masivas y cómo ha cuidado su proporcionalidad en cuanto a los efectos para los ciudadanos alemanes, la pregunta política crucial es si la decisión del tribunal alemán puede tener efectos paralizantes sobre la ejecución del actual programa de emergencia contra la pandemia.
Los 750.000 millones de euros comprometidos a mediados de marzo por la institución monetaria con el objetivo declarado de asegurar que los gobiernos pudieran financiar sin asfixiantes cuellos de botella las medidas de emergencia que impone la parálisis de sus economías.
El mismo martes por la noche, tras una reunión extraordinaria de su consejo de gobierno dedicado a analizar las consecuencias de la decisión del tribunal germano, el BCE invitaba a descartar consecuencias inmediatas. Lagarde y los suyos emitieron un comunicado dando acuse de recibo de la sentencia, pero dejando claro que su autoridad de referencia es el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo. Y se cuidaban bien de señalar que este ya dictaminó en diciembre del 2018 que los programas de compra de deuda eran legales y no violaban el Tratado de la Unión. La respuesta al tribunal, antes de tres meses sobre la proporcionalidad de las compras, se dejaba en manos del Bundesbank, el banco central alemán, único que podría estar afectado por esa jurisdicción. Ironías de la historia. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, el más férreo opositor interno (y también externo, público) a la política de compras iniciada por Mario Draghi, comisionado para explicar sus bondades ante los jueces de Karlsruhe.
Pero descartar las implicaciones formales o legales de un fallo judicial es una cosa; despreciar las implicaciones políticas podría ser una temeridad.
En las próximas semanas o en pocos meses, la duración de la crisis llevará al BCE a adoptar nuevas resoluciones de enorme relevancia. Primero, elevar los recursos del programa de emergencia contra la pandemia, más allá de los 750.000 iniciales. Desde su anuncio, hace más de un mes y medio, ha consumido casi 120.000 millones y el ritmo se incrementará a medida que lo hagan las emisiones de los Estados. Segundo, ampliar su periodo de vigencia, actualmente finaliza en diciembre y está claro que la emergencia económica sobrepasará ese plazo. Y, tercero, decidir si vende la deuda comprada a medida que llegue su vencimiento o reinvertir para renovarla, como ya está haciendo con los programas anteriores que aún tiene vigentes. Sólo la segunda opción es viable a la vista de las condiciones económicas.
Decisiones clave para el BCE en un contexto de tensiones con el Tribunal Constitucional. El más alto órgano judicial de la primera economía de la eurozona y su primer accionista, con el 26% del capital a través del Bundesbank. Un tribunal claramente adverso a su proceder durante los últimos años. De momento, el BCE no se siente concernido por la sentencia alemana y hace votos a su independencia para mantener el rumbo en la coyuntura más crítica para la eurozona desde su nacimiento. Vivir peligrosamente.
La eurozona encara la mayor crisis de su historia con la justicia de la primera economía contra el banco central