El conflicto del Constitucional alemán
La reciente resolución del Tribunal Constitucional de Alemania a propósito del programa de compra de activos del sector público del BCE ha causado sorpresa y alarma. Se trata de un asunto referido al programa y las decisiones adoptadas por el BCE entre el 2015 y el 2019. Es pues, un asunto y una sentencia (no su publicación) pre-covid-19. De hecho, la nota de prensa del BCE advertía el martes de que “no afecta a las medidas de asistencia financiera tomadas por la Unión Europea o el BCE en el contexto de la crisis del coronavirus”. Cuando tuvo lugar la vista de este asunto en el verano de 2019, la UE llevaba ya unos años de crecimiento, a pesar de lo cual se mantenía la política de bajos tipos de interés. En aquel contexto, cuestionar la proporcionalidad de las medidas adoptadas considerando sus diversos efectos para deudores, acreedores e inversores, pudo ser comprensible. Hoy, todo es distinto y es verdad que el lenguaje de la sentencia es llamativo.
No se trata de un asunto nuevo. El mismo o similar grupo de demandantes, académicos y personas de perfil político, ha planteado conflictos semejantes en ocasiones anteriores. La novedad es que, frente a resoluciones anteriores, en que se respaldaron decisiones y políticas del BCE, en ésta, sin perjuicio de reconocer –y no es irrelevante– que, de acuerdo con el criterio del TJUE, el programa de compras de activos no infringe la prohibición de financiar el déficit de los estados, se han añadido pronunciamientos que, tanto desde un punto de vista jurídico como de oportunidad, han creado incertidumbre. También es cierto que la resolución adopta un tono muy crítico con el TJUE.
Quiero pensar que, al final, y en términos jurídicos –efecto directo de la sentencia– la sangre no llegará al río. Lo que el Constitucional reclama a las autoridades alemanas y en particular al Bundesbank, como miembro del consejo del
BCE, es que se justifique la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Si esta petición se cumple, diligente y rápidamente, esta controversia podría concluir de forma razonable y se disiparía esta inquietud innecesaria.
Dejo al margen, para no extenderme más, otras cuestiones relevantes, controvertidas, menos novedosas y más generales que también plantea la resolución, como la primacía del derecho europeo, los ámbitos competenciales del Constitucional y el TJUE y la posibilidad de que órganos nacionales enjuicien decisiones de instituciones europeas. Son cuestiones resueltas ya por el TJUE y que podrían alimentar debates políticos en distintos países europeos.
Más allá de los efectos jurídicos de la resolución, el problema es el daño que haya podido hacerse a la confianza de los mercados y los inversores en la capacidad y determinación del BCE para responder a esta y futuras crisis. Este es el daño más peligroso y el que, por el bien de todos (y el nuestro) habría que reparar cuanto antes.
El problema real es el daño que se ha podido hacer a la confianza de mercados e inversores en la capacidad del BCE