La garantía de empleo impide buscar un acuerdo sobre los ERTE, avisa la CEOE
La CEOE mostró ayer su pesimismo sobre el estado de la negociación con el Gobierno y los sindicatos para la prolongación y adaptación de los expedientes temporales de regulación de empleo. Fuentes cercanas a la organización empresarial señalaron como obstáculos clave para un eventual acuerdo el compromiso de mantener durante meses el empleo después de la finalización de un ERTE. “Es materialmente imposible aceptarlo porque eso pone en peligro la supervivencia de muchas empresas”, insistieron las citadas fuentes.
La cúpula de la CEOE reflejó la distancia entre sus posiciones y las defendidas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un comunicado hecho público tras la reunión de su comité ejecutivo, celebrada ayer. “Ha quedado patente la preocupación del comité ejecutivo ante la propuesta que en estos momentos está sobre la mesa, al considerar que en su planteamiento actual no cumple los objetivos de necesario apoyo a las empresas”, señalaron. “Tampoco servirá para poder superar de manera progresiva la actual situación de parálisis que se mantiene en muchos sectores y empresas hasta la plena recuperación de su actividad”.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, insistió ayer a Efe que la intención de la patronal es “pactar” un acuerdo que permita prorrogar las condiciones especiales de los ERTE, pero añadió que, “si se ponen condiciones que son imposibles para las empresas de cumplir, tendremos que decir que no”.
Los representantes de los empresarios consideran excesiva la obligación de devolver todas las exenciones o reducciones de cuota resulta excesiva. Tampoco es de su agrado la prohibición de que empresas con ERTE repartan dividendos o tengan sede en paraísos fiscales. Además, juzgan como poco concreto el plan de desescalada diseñado por el Gobierno.
Ayer mismo se celebró una nueva reunión del diálogo social para abordar la adaptación de los ERTE –en esta ocasión, a nivel técnico–. En la últimas semanas, desde el Ministerio de Trabajo han defendido con insistencia que el gran esfuerzo en dinero público realizado y que se seguirá realizando para mantener la protección de los ERTE ha de comportar contraprestaciones claras, sobre todo, la conservación de los puestos de trabajo.
Según el plan enviado a Bruselas, el incentivo de los expedientes temporales de empleo de los próximos meses tendrá un coste para la Administración de cerca de 20.000 millones de euros.