Monarquía y estabilidad
En estos momentos de lucha contra la Covid-19 en todo el mundo, en la mayoría de los países se procura orillar las desavenencias políticas para concentrarse en la aprobación o desaprobación de las medidas sanitarias y económicas con las que los gobiernos tratan de luchar contra los efectos de la pandemia, y a nadie se le ocurre aprovechar la ocasión para debatir sobre si hay que cambiar la Constitución o cosas parecidas.
En España hemos visto, en el debate parlamentario del 6 de mayo para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma, que la polémica de fondo siempre aflora poniendo de relieve que el viejo debate de las dos Españas que ha marcado tantísimos episodios de la historia está siempre ahí.
Véase, por ejemplo, que en el Congreso volvió a salir el desgraciado episodio de las matanzas de personas de derechas en Paracuellos del Jarama a finales de 1936; o piénsese en las inacabables discusiones sobre la memoria histórica entre los historiadores de derechas y los de izquierdas, o los debates que precedieron al traslado de los restos del general Franco desde Cuelgamuros hasta su actual panteón en Mingorrubio.
Y, en este contexto, la presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno de Pedro Sánchez, como vicepresidente, está permitiendo que los grupos republicanos del Congreso de los Diputados vuelvan a poner en cuestión que España sea una monarquía parlamentaria tal como establece el artículo 1.3 de la
La Corona nos cuesta dinero; todavía nos cuesta mucho más la Administración del Estado, no siempre eficiente
Constitución de 1978 alegando que el Rey no ha sido elegido por nadie y que si tuviéramos una república, nos gobernaría un régimen democrático.
Frente a esta pretensión de los republicanos diciendo que ellos no votaron al Rey, es necesario reivindicar la legitimidad de Felipe VI, que no fue impuesto por Franco, sino que su mandato deriva de la ley orgánica 3/2014 de 18 de junio por la que se hizo efectiva la abdicación de su padre y su acceso a la Corona y que fue aprobada por el Congreso con 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones, o sea con un voto afirmativo del 85% de los diputados. Esto quiere decir que Felipe VI fue elevado a la jefatura del Estado mediante un voto democrático hace menos de seis años y que, por tanto, no puede decirse aquello de “yo no voté al Rey en la Constitución, pues ni siquiera había nacido”, y también resulta absurdo criticar al Rey por llevar uniforme militar en ciertas ocasiones cuando nuestro ejército integrado en la OTAN es dirigido por el Gobierno.
En un país dividido como el nuestro y en que se está esperando que el enemigo político abra la boca para desautorizarlo, es lógico que el Rey haya recibido críticas por algunos de sus mensajes, pero ello no puede hacernos olvidar que quienes lo critican son los que defienden un republicanismo que mucho me temo que nos traería una inestabilidad política aún mayor que la que padecemos cuando hay que elegir un nuevo presidente del Gobierno. Y no se diga, tampoco, que la Corona nos cuesta dinero, pues todavía nos cuesta mucho más la Administración del Estado, no siempre eficiente.