Acuerdo para prorrogar los ERTE
Muy importante para la supervivencia de las empresas y para el mantenimiento del empleo es el acuerdo que alcanzaron ayer la patronal, los sindicatos y el Gobierno, en el marco del diálogo social, para prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el próximo 30 de junio y, asimismo, para desvincularlos del vigente estado de alarma. De esta manera, con independencia de la renovación de este régimen excepcional, se podría ampliar la citada prórroga de los ERTE para aquellos sectores o empresas que lo necesitaran, bien a causa de las restricciones sanitarias o por la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19.
Actualmente hay 530.000 empresas acogidas a un ERTE, con un total de 3,4 millones de trabajadores afectados. Estos cobran el subsidio de paro –sin que compute como tal–, sus cotizaciones sociales las paga el Estado, y tienen el compromiso de vuelta al trabajo al término del expediente. Este sistema tiene un elevado coste para las arcas públicas pero, a cambio, garantiza el mantenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo hasta que se pueda reemprender la actividad. En este sentido supone una hibernación de la actividad que impide la destrucción de tejido productivo y de empleo.
El gran desafío, a partir del 30 de junio, será lograr que dichos ERTE no deriven en un ERE o en despidos directos, ya que entonces no habrían servido para nada. Superar ese desafío exige una salida ordenada de la crisis y ajustada a las fases de desescalada del actual confinamiento. El desempleo ya ha subido hasta los 3,5 millones de parados y hay que hacer todo lo posible para evitar que siga en aumento.
Para facilitar esa salida ordenada de los ERTE, en virtud de dicho acuerdo, se crea una comisión de seguimiento tripartita del proceso de desconfinamiento que estará integrada por el Gobierno y los agentes sociales y que se reunirá con carácter ordinario el segundo miércoles de cada mes. El objetivo de esta comisión será el de realizar un seguimiento de las medidas adoptadas en el ámbito laboral durante la crisis, intercambiar datos y efectuar propuestas para garantizar la buena marcha del proceso. Ello es clave para ajustar la legislación a la realidad económica, ya que se prevé que la recuperación será lenta y asimétrica. En este sentido dicha comisión será clave para determinar los sectores que podrán continuar con los ERTE a partir del 30 de junio, como puede ser, de entrada, el turístico.
La patronal se ha opuesto hasta el último momento, en un marco de profundas divisiones internas, a aceptar la cláusula de mantenimiento del empleo durante seis meses a partir del fin de un ERTE, por considerar que ello puede comprometer la supervivencia de las empresas ante la imposibilidad de adaptar sus plantillas a la evolución de la actividad. La citada condición, sin embargo, se mantiene en el acuerdo alcanzado, aunque se establecen algunas matizaciones. La primera es que el plazo de seis meses empezará a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando este sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla. La segunda es que se establecen excepciones para los despidos disciplinarios procedentes, las jubilaciones y la extinción de contratos temporales por finalización de su vigencia o por el fin de la obra o servicio contratado. Y la tercera es que este compromiso de mantener el empleo seis meses después de reanudar la actividad no será de aplicación a aquellas empresas que tengan riesgo de entrar en concurso de acreedores según los términos establecidos en el artículo 5.2 de la ley Concursal.
Patronales y sindicatos, con el acuerdo alcanzado ayer y ratificado por el Consejo de Ministros tras el visto bueno del Gobierno, han dado un nuevo ejemplo de diálogo, que tanta falta hace en la esfera política, para propiciar una salida de la crisis con el menor daño posible.
Gobierno, patronal y sindicatos pactan una hoja de ruta para la vuelta progresiva a la actividad